Competencia estatal, freno local

El Gobierno español se ha topado con un muro en la última década para desarrollar en el cap i casal algunos de sus proyectos culturales y urbanísticos. La etapa de enfrentamiento abierto de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, con el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero —sobre todo de 2008 a 2011— malogró o al menos ralentizó proyectos de importancia para la capital.

Barberá puso en jaque la ampliación del Museo de Bellas Artes San Pío V —de titularidad estatal y gestión autonómica— y del Museo Nacional de Cerámica González Martí y ralentizó la ejecución de los planes parciales de Artillería e Ingenieros —antiguos cuarteles de San Vicente— durante la época que Zapatero ocupó la Moncloa. De aquellos polvos, estos lodos: entonces había presupuesto pero falló la complicidad municipal. Ahora que ambos Gobiernos, central y local, son del mismo color político, no hay presupuesto.

El San Pio V tenía reservado un presupuesto plurianual de casi 19 millones de euros para su quinta fase de ampliación, pero el plan se atascó en el Ayuntamiento de Barberá por la permuta de unos terrenos. Urbanismo negó la licencia de obras y actividad para algunas de las reformas durante meses y los 4,5 millones de euros consignados por un Ministerio de Cultura socialista se perdieron. “Durante 2011 se retuvo el crédito necesario para la licitación de obras en dos de las cinco zonas del museo. La licitación no se llevó a término por hallarse pendiente la concesión de licencias”, reconocía el Gobierno de Rajoy a finales de 2012.

El problema desapareció cuando las tres Administraciones implicadas, todas del PP, se pusieron de acuerdo para una reforma que ha perdido unos cuantos millones de euros por el camino.

La situación de atasco se repite con la ampliación de otro de los museos emblemáticos de la capital: el Museo Nacional de Cerámica, que alberga el barroco palacio del Marqués de Dos Aguas, uno de los más visitados de la ciudad. El Ministerio de Cultura de 2007 (de nuevo, del PSOE) redactó un plan especial de protección de este Bien de Interés Cultural (BIC) para ampliar la superficie de exposición en un edificio anexo.

El Consistorio abrió un expediente en 2008 de la reforma, del que nunca más se supo. Se quedó en algún lugar del servicio municipal de planeamiento. El ministerio, ahora del PP, no esconde los hechos. En una respuesta por escrito a EL PAÍS, reconoció hace unos días que sigue queriéndola hacer. “El proyecto no se ha postergado. La rehabilitación y ampliación del González Martí se considera necesaria, pero ha influido en su ralentización la no resolución de la situación urbanística y las dificultades presupuestarias”, reconoció por escrito la Subdirección general de Museos Estatales del Ministerio.

Este departamento espera desde 2008 que el Ayuntamiento resuelva el vericueto urbanístico. A preguntas de este diario, el Consistorio echó primero la responsabilidad sobre la Generalitat, luego argumentó que el ministerio tiene competencias suficientes para ejecutar el plan sin necesidad de que el servicio municipal de Urbanismo lo convalide y apostilló que Cultura no les ha pedido hasta la fecha licencia de obras.

Cuando desaparece la traba política y llega el acuerdo, no hay presupuesto

A ningún ministerio, ni tan siquiera cuando las dos Administraciones son del mismo color político, le interesa indisponerse con quien rige los destinos de la ciudad; el Ayuntamiento. Por eso, Cultura, entonces todavía gobernado por los socialistas —ahí está el quid de la cuestión— presentó en 2007 al Consistorio de Barberá a través de una alegación a la revisión del PGOU, sus planes de ampliación del González Martí.

La Concejalía de Urbanismo se dio por enterada, dijo que le parecía bien, pero el proyecto se perdió por el camino y sigue pendiente siete años después a pesar de que el ministerio ha consignado año tras año dinero en los Presupuestos Generales del Estado.

Ahora, tras la declaración de Cultura, el Consistorio baraja la posibilidad de que la reforma y ampliación del Museo Nacional de Cerámica se homologue en el Plan de Entornos BIC de Ciutat Vella (el museo es Bien de Interés Cultural). Esta solución está en estudio. Si es así, la ampliación de uno de los museos más emblemáticos de la capital recibirá una inversión de millones de euros.

La empresa estatal Sepes ha conocido esa falta de complicidad municipal. El convenio para urbanizar las parcelas donde se alzaban los hoy desaparecidos cuarteles de Artillería e Ingenieros, en la calle de San Vicente, se aprobó en 2003. Los planes estaban listos en 2007, pero el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero varió en 2010 el convenio original para mejorar el porcentaje de vivienda protegida del 16 al 65%. El Consejo de Ministros encargó a Sepes la gestión de los terrenos y aunque se firmó un nuevo acuerdo con Ayuntamiento y Generalitat, los PAI, imprescindibles para la urbanización, siguen pendientes.