Empleo trata de ampliar las ayudas económicas a más mujeres maltratadas

El Gobierno está trabajando para modificar las ayudas económicas que ofrece a las mujeres víctimas de violencia machista para que se sumen a todas aquellas mayores de edad las menores emancipadas que también sean maltratadas. El viceconsejero de Políticas Sociales, Iñigo Pombo, ha explicado este miércoles en el Parlamento, durante una comparecencia pedida por el PSE para detallar los cambios en la estructura de atención a maltratadas que ha efectuado el Gobierno en el último año, que se trabaja en una modificación normativa para que la gestión de estas ayudas, que tarda seis meses en hacerse efectiva, se agilice hasta reducir a tres meses la espera.

También plantea la posibilidad de ampliar las ayudas en los casos de mujeres inmigrantes que, tras solicitarlas, aborden un proceso de reagrupamiento familiar con menores o personas mayores a su cargo. El viceconsejero ha señalado que su departamento está en el “inicio” del proceso para materializar dichos cambios y resaltó que este año se han presupuestado 700.000 euros para hacer frente a los casos de maltratadas que necesitan ayuda económica para distanciarse de su agresor.

El Departamento de Empleo y Políticas Sociales ha recuperado, además de la gestión de las ayudas, que en la pasada legislatura fueron asumidas por la extinta Dirección de Atención a las Víctimas de Violencia de Género, el teléfono de atención 24 horas, conocido como Satevi. Este servicio recibió el año pasado 3.296 llamadas frente a las 3.596 de 2012, según datos del Ejecutivo.

“Nunca es suficiente lo que hacemos”, asume Justicia tras el crimen de Mungia

En una comparecencia inmediatamente anterior por igual motivo, la viceconsejera de Justicia, Ana Aguirre, ha explicado que, aunque en 2013 aumentaron las victimizaciones por violencia machista, el equipo del Instituto Vasco de Medicina Legal que asume los casos “más graves”, el de psiquiatría clínica, ha ido reduciendo sus intervenciones.

Aguirre ha resaltado ante el asesinato de Andina Pereira el pasado lunes en Mungia a manos de su expareja: “Si hay una muerte, cómo va a ser suficiente lo que hacemos. Nunca es suficiente, siempre que tengamos el problema en su versión más lacerante encima de la mesa”.

La viceconsejera ha apostó por “poner los medios necesarios para que las medidas no sean aisladas” y reivindicó que las víctimas no sean consideradas “mujeres menores de edad”. Aguirre ha sostenido que “no siempre es posible” que las víctimas hagan una vida normalizada y puso como ejemplo a las maltratadas escoltadas.

Justicia ha recuperado todo el servicio de atención a víctimas, que estaba dividido la pasada legislatura entre Justicia y Violencia de Género. Entre el 50% y el 60% de los casos se corresponde con la violencia sexista o la intrafamiliar.