Moliner: “No firmé los cobros irregulares de las corridas de toros”

“Yo no he firmado ningún decreto de compensación que afecte a esta causa [la de los cobros irregulares a los Ayuntamientos de la provincia de Castellón para pagar la controvertida corrida de la Beneficencia instaurada por Carlos Fabra]”. El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, se defendió este martes de las acusaciones que lanzó su predecesor cuando le acusó de ser él el responsable de los cobros del último festejo (2011), puesto que Fabra ya había abandonado la corporación.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón investiga la gestión de las corridas taurinas de 2010 y 2011 (aunque los festejos y el sistema venían de muchos años atrás) en una causa en la que están imputados Carlos Fabra y Francisco Martínez, diputado provincial y alcalde de Vall d’Alba. La fiscalía los acusa de los posibles delitos continuados de prevaricación y fraude al responsabilizarlos de imponer a los Ayuntamientos un sistema de cobro por las entradas (que la Diputación les remitía sin petición previa) que implicaba restar una deuda no documentada de partidas que la Diputación les debía asignar como los tributos, ayudas sociales o planes de obras. Se trataba de una compensación de deudas, una vía prevista por la ley, pero que en este caso se hacía sin la existencia de un documento, factura o presupuesto que evidenciara la existencia de la deuda de las entradas.

Defiende que lo único que firmó fue anular los cobros “erróneos”

Una buena parte de los decretos que ordenaron compensar estas deudas se aprobaron con Moliner como presidente. Toda una retahíla de decretos para restar el coste de las entradas de 2009, 2010 y 2011 a decenas de consistorios que, según la institución, no habían pagado. Los decretos se dictaron para liquidar y dar por zanjada la Beneficencia de Fabra. “Cuando entré a esta casa, el método de la corrida de la Beneficencia [instaurado por Carlos Fabra] no me gustó y por ello decidí cambiarlo, no voy a entrar en las cuestiones de legalidad, no me gustaba el sistema”, se defendió Moliner.

El presidente de la Diputación explicó sus recelos: “La situación de los Ayuntamientos en 2011 era muy complicada y entendíamos que la gestión de un festejo que requería que prácticamente la totalidad de la venta de entradas la hicieran los ayuntamientos, obligaba a que muchos de ellos tuviesen que realizar un esfuerzo que, a lo mejor, en ese momento no les venía bien”.

Preguntado por los decretos de su etapa dijo tajantemente que no están firmados por él. Moliner delegó la firma de todos ellos en quien entonces era su número dos, Francisco Martínez, a quien cesó fulminantemente por el escándalo de la depuradora de Borriol. Lo que sí se encargó de firmar el presidente provincial fueron los decretos que anulaban el cobro “erróneo” como los casi 1.190 euros restados a Culla de dinero para el centro de personas mayores.