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Feijóo corrige al Gobierno y deja a los alcaldes prestar servicios sociales

La Xunta ultima una ley que enmienda la reforma de Montoro e invoca las competencias plenas sobre los ayuntamientos que le confiere el Estatuto gallego

La Xunta intenta legislar contra reloj para contrarrestar los efectos de la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local impulsada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que entró en vigor el pasado 31 de diciembre. El departamento de Vicepresidencia, que dirige Alfonso Rueda, ultima un anteproyecto de ley en colaboración con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) para devolver a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes las competencias en política social que les arrebató la norma del Gobierno central y evitar así un caos en la prestación de los servicios sociales a partir de mediados de 2015, cuando expira el plazo impuesto por el ministerio para recentralizar las competencias.

 El propio enunciado del anteproyecto de ley “de medidas urgentes derivadas de la entrada en vigor de la ley 27/2013” evidencia su intento por solventar el escenario abierto por la ley de Montoro, que ha provocado el rechazo de alcaldes y concejales de todos los partidos, incluido el PP. La exposición de motivos explica que el texto trata de “evitar que la inexistencia de una normativa de desarrollo produzca resultados indeseables o disfuncionalidades en el funcionamiento de los servicios públicos que perjudiquen a los ciudadanos”.

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La redacción de la futura norma —a la que ha tenido acceso EL PAÍS— invoca el Estatuto de Autonomía para recordar que, según su artículo 27, Galicia “tiene atribuida la competencia exclusiva en materia de régimen local” y que la tutela efectiva sobre los entes locales debe “respetar la autonomía que le reconocen los artículos 140 y 142 de la Constitución”.

El texto lo están negociando el PP y el PSOE dentro de la Fegamp —el BNG ha presentado un recurso ante el Constitucional y se desmarca de las negociaciones— con el recién nombrado director general de Administración Local, Alberto Pazos, que ha participado en varias reuniones junto a técnicos de Vicepresidencia. Aunque el acuerdo no está cerrado, la filosofía de ambos partidos pasa por dejar las cosas como están y que los ayuntamientos, como institución más cercana al ciudadano, puedan seguir ofreciendo prestaciones sociales. Son muchos los juristas que pronostican que con la ley Montoro en la mano, los secretarios e interventores municipales deberán oponerse a autorizar partidas de gasto para política social. Eso es lo que intenta corregir el anteproyecto que faculta a la Xunta para ceder competencias a los ayuntamientos siempre que no implique “incurrir en duplicidades ni aumente el coste para las administraciones públicas”.

De entrada, el borrador de Vicepresidencia argumenta que “los servicios complementarios que venían realizando otras administraciones (distintas de la autonómica) en base al artículo 28 ya derogado [...] no puede ahora sin más desconocerse sin que peligre esa prestación de servicios públicos, muchas veces esencial para el ciudadano”. En ocho artículos establece las condiciones para que la Xunta transfiera competencias a los ayuntamientos siempre mediante una memoria económica y con la “suficiente dotación presupuestaria”. Pero es una disposición adicional, la cuarta, la que implica una enmienda a la totalidad de la ley Montoro: “Las competencias que debe asumir la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de educación, salud y servicios sociales continuarán siendo prestadas por los municipios mientras no se den las condiciones previstas para su traspaso en la normativa básica y el establecimiento de un nuevo sistema de financiación autónomico y de las haciendas locales”.

Sanidade asumirá en 2019 el gasto de los centros de salud

El borrador de la norma incluye una disposición adicional para dar cumplimiento al Pacto Local —acordado por los alcaldes y el Gobierno bipartito el 20 de enero de 2006— y que por fin se transfieran a la Xunta los costes derivados del mantenimiento de los centros de salud, una vieja reivindicación de los ayuntamientos. Las facturas de electricidad, teléfono, calefacción y servicio de limpieza las venían asumiendo tradicionalmente los gobiernos municipales donde están ubicados. Recién llegado, en 2009, el Gobierno de Feijóo transfirió una treintena de centros al Servizo Galego de Saúde. Y en 2012 el Sergas asumió otro paquete de unos 20 centros. Pero todavía más de un centenar de ayuntamientos siguen asumiendo esos gastos.

El nuevo calendario que establece la Xunta da un margen de cinco años para cederlos. El texto provisional establece que “la asunción de los costes se efectuará a razón de un 20% anual para cada uno de los centros de salud referidos”. Con lo que la transferencia acabará en 2019. Será “una comisión paritaria entre la Consellería de Sanidade y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) la que determinará los centros de salud cuya titularidad será cedida gratuitamente por los municipios” a la Xunta en cada ejercicio mediante convenios con cada ayuntamiento.

El texto establece además que los ambulatorios quedarán integrados en el Sergas y, en caso de supresión del servicio, dichos bienes revertirán en el ayuntamiento.

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