Benestar acumula siete condenas por negar ayudas a la CIG

Desde que el PP gallego recuperó el poder en 2009, la CIG no ha recibido de la Consellería de Traballo ni un euro para formación que no le correspondiese por ley. Siempre que se ha presentado a una convocatoria por concurrencia competitiva Traballo le ha negado el dinero y, según dictaminan siete sentencias, lo ha hecho incurriendo en una discriminación o, como mínimo, sin molestarse en motivar su negativa.

La central nacionalista está indignada y estudia llevar su situación a la fiscalía: “En cualquier país del entorno europeo, este currículo aparejaría, como poco, el cese fulminante de su responsable directa, la directora general de Empleo. Pero encontrándonos en Galicia, la vulneración flagrante de la legalidad probablemente puntúe como mérito”. La primera sentencia cayó en 2012 y fue especialmente dura. Condenó a Traballo por violación del derecho a la igualdad y a la no discriminación por negarle a la central unas ayudas para cursos de formación que llevaba años recibiendo. El reparto sí benefició a entidades privadas que, según alegó CIG, ni siquiera contaban con estructura y medios para organizar las actividades. El último de los fallos judiciales es de este marzo y anula la resolución de la consellería que negó subvenciones a la CIG para elaborar materiales formativos porque, entre otras cosas, la comisión de valoración de las propuestas de los solicitantes se reunió cinco días después de que lo hiciera el organismo público que debía emitir informe sobre ellas.

Reproche a la Xunta

La sentencia incluye un reproche a la actitud de la consellería: “Resulta evidente que la Administración viene reiterando resoluciones denegatorias de las subvenciones interesadas por el sindicato recurrente, o su fundación vinculada, y que una vez anuladas lo que hace es cumplir la exigencia de motivación impuestas en las sentencias avocando al recurrente a la promoción de nuevos recursos. Lo anterior genera un círculo pernicioso que a nada conduce”. La CIG informa de que tiene 15 procedimientos judiciales similares pendientes de resolución. Y recuerda que el sistema de concurrencia competitiva en el que la Xunta los ha discriminado es el modelo que quiere extender el PP para repartir todos los fondos para formación de trabajadores. Benestar alega que existen también dos fallos firmes que le dan la razón a ella.