El abogado del maquinista del Alvia acusa a Adif de “enredar y marear”
Para el letrado la empresa pública “cercena el derecho de defensa”
El abogado de Francisco José Garzón, el maquinista del tren Alvia accidentado el pasado 24 de julio en Santiago, único imputado por el fallecimiento de 79 personas, acusa a Adif de pretender “cercenar el legítimo derecho de defensa” de su cliente al no querer entregarle al juez instructor de la causa, Luis Aláez, determinados documentos que este le ha reclamado. El letrado asegura que a la empresa pública gestora de las vías “no le interesa la verdad, no quiere que se aclaren los hechos, le viene mejor enredar y marear”.
Hace dos semanas el juez Aláez hizo propia una petición del abogado de Garzón y reclamó a Adif numerosos documentos, entre ellos los estudios de riesgos que se hubiesen realizado para autorizar a Renfe a que desconectase a bordo de los Alvia el sistema de control constante de la velocidad (ERTMS) y circulase solo con el control puntual (ASFA), que fue incapaz de paliar el despiste del maquinista. El pasado jueves Adif recurrió contra esa decisión del juez, al que acusó de realizar una “inquisición general” con “exigencias arbitrarias” que a su juicio asumen las “conjeturas” del abogado defensor. Respondía así también a las duras críticas lanzadas por Aláez hace un mes en otro auto en el que acusaba a Adif de “jugar con la vida de muchas personas”. Ahora el abogado defensor carga contra el recurso de la empresa pública, firmado por una abogada del Estado, y lo califica de “temerario”. El letrado considera que contradice la promesa realizada por la ministra de Fomento, Ana Pastor, de “buscar la verdad”: “Ya sabemos que ese no es el objetivo”, sentencia.
En cuanto a los documentos reclamados, en su recurso del jueves Adif daba a entender, aunque sin afirmarlo abiertamente, que no se realizaron estudios de riesgos para desactivar el ERTMS porque no lo exige la normativa, ya que el sistema inferior, el ASFA, es igualmente válido, aunque sea menos seguro. Ahora el abogado de Garzón contesta enumerando normas europeas que lo exigen “siempre que un cambio de las condiciones de funcionamiento, o un nuevo material, supongan nuevos riesgos”. Adif considera que la autorización para circular solo con el ASFA no supone un nuevo material ya que ese sistema inferior siempre ha estado en funcionamiento. Pero el abogado entiende que el análisis del riesgo “es absolutamente necesario” porque suponía una “modificación significativa”. El letrado también pide claridad a Adif y que “si por el contrario entiende que no tiene esa documentación porque legalmente no está obligada pues que lo manifieste así”, añadiendo que “ya se determinará cuáles son los efectos de carecer de esa documentación”.
En su impugnación del escrito de Adif, el abogado también asegura que al resolver un anterior recurso “la Audiencia Provincial de A Coruña manejó un Reglamento General de Circulación que nunca entró en vigor”. Igualmente, denuncia que otros estudios de riesgos de Adif recogen dos listas de posibles errores humanos extraídas de estudios sobre centrales nucleares y transporte aéreo. “¿Puede ser serio y creíble un sistema de gestión de la seguridad en la circulación ferroviaria cuyos análisis de errores humanos se refieren al sector nuclear y los parámetros importantes relativos a la seguridad se realizan sobre el transporte aéreo?”, se pregunta el letrado.
La pelota está ahora en el tejado del juez Aláez, que deberá decidir si, a petición de Adif, reforma el auto en el que reclamaba la documentación a la empresa pública. De no hacerlo así, Adif ya ha anunciado que recurrirá nuevamente a la Audiencia Provincial. Lo que no ha recurrido Adif es la citación como testigos de cinco de sus cargos intermedios, que deberán comparecer dentro de dos semanas para aclarar un posible error en la elaboración del Libro Horario que indica a los maquinistas qué velocidad cumplir y qué sistema de seguridad hay en cada tramo de una línea.
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