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García Pelayo: “Yo no he robado. Antes me corto la mano”

La alcaldesa de Jerez se desentiende de los correos que apuntan a una adjudicación irregular

García Pelayo observa una documentación que le han entregado durante el pleno de este lunes. Ampliar foto
García Pelayo observa una documentación que le han entregado durante el pleno de este lunes.

El pleno extraordinario convocado por la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo (PP), para responder sobre el polémico expediente de contratación de Fitur 2004 no ha servido para resolver una cuestión central: por qué el Ayuntamiento adjudicó a la red Gürtel el pabellón de la ciudad en la feria de turismo de Madrid sin que las empresas de Francisco Correa hubieran entregado en el Consistorio una oferta para hacerse con el servicio. Es la principal “irregularidad” que denuncia el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y sigue sin tener una explicación. El escrito policial recoge varios correos electrónicos que evidencian que el entramado elaboró y remitió la documentación administrativa a Jerez un mes después de celebrarse la feria de turismo y casi cinco semanas más tarde de que la Administración jerezana le adjudicara el trabajo. “Doy la única explicación que puedo dar. Yo firmo en base a la documentación que se me pone por delante. La documentación [en referencia al informe favorable del secretario del Ayuntamiento] me demuestra que el expediente se ha tramitado conforme a la legislación. Me ponen un expediente por delante que me dicen que es legal y yo, como es lógico, lo firmo”, ha defendido la edil.

Todas las preguntas directas lanzadas por PSOE e Izquierda Unida en la sesión han tenido la misma contestación. “Cuando usted aprobó el 8 de enero los pliegos, ¿comprobó si existían esos pliegos? ¿Sabía que Gürtel había contratado y pagado parte del estand de Jerez antes de abrirse el procedimiento de contratación? Cuando usted firmó la adjudicación de la presencia de la ciudad en Madrid a esas empresas, ¿comprobó que estaba la documentación de la oferta?”, han cuestionado los concejales desde sus bancos. “Por más que me pregunten, les voy a contestar lo mismo. Se me pone por delante un expediente con todos los informes favorables y yo, como marca le ley, firmo”, remacha Pelayo.

Si me dicen que un expediente es legal, lo firmo

Interrogada sobre los correos electrónicos que recogen cómo las mercantiles de Correa Special Events y Down Town preparaban en febrero la documentación para presentarse al concurso negociado sin publicidad, en el que resultaron ser las adjudicatarias un mes antes, la regidora popular ha ofrecido esta respuesta: “¿Hay algún correo mío? Pregúntenle a los que aparecen en esos correos. Les estoy diciendo que el procedimiento se hizo conforme a la legislación. Esto no da para más”. El tono de la oposición ha subido entonces varios decibelios. "¿La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal está mintiendo? ¡Pues dígaselo a la policía! Me parece muy bien que usted no lea todos los papeles. Que [el procedimiento] está firmado por el secretario, por el interventor pero, a pesar de todo eso, entiendo que usted lo que responde es que no comprobó si estaba el pliego en el expediente, que no sabía que las empresas ya estaban contratando antes de abrirse el proceso y que cuando adjudicó, porque se fía del personal técnico, no sabía si se habían presentado las ofertas” replica el portavoz de IU, Joaquín del Valle.

A partir de ahí, la alcaldesa ha subrayado los argumentos de días atrás. Ha defendido el procedimiento de contratación como “legal”, ha remarcado que el proceso fue “absolutamente impoluto” y ha apostillado que no tiene “nada que ocultar”.

Aunque el informe de la (UDEF) no menciona que Pelayo recibiera del entramado Gürtel regalo alguno a cambio de la firma de los contratos, la alcaldesa ha sido clara en este punto: “Seré mejor o peor gestionando, pero yo no me voy a llevar nunca ni un euro. Yo no he robado. Antes me corto la mano. Ya está bien. Ya está bien”, ha espetado.

Al término de la sesión, el PP ha votado en contra de abrir una comisión de investigación solicitada por Izquierda Unida y apoyada por el PSOE, que estudia acudir de nuevo a la vía judicial tras conocerse el informe de la Policía Judicial.

Los controles del expediente de Fitur

La alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo (PP), defiende que los contratos firmados con las empresas de Francisco Correa para el montaje del pabellón de la ciudad en Fitur 2004 pasaron todos los controles: administrativo, político y judicial. La regidora ha rescatado en el pleno extraordinario, celebrado para aclarar las supuestas irregularidades en dicha adjudicación, el informe del secretario del Ayuntamiento jerezano, quien señaló por escrito, el 8 de enero de 2004, que el procedimiento negociado sin publicidad iniciado en el Consistorio se adecuaba “a la legislación vigente”.

En ese documento, el funcionario municipal también advertía, en el punto quinto, que el contrato sería aprobado por la presidencia (que ostentaba García Pelayo) y añadía que “siendo competencia del consejo” del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC) debía someterse “a la ratificación del mismo”. Ese mismo 8 de enero de 2004, la interventora del Consistorio emitió otro informe en el que avaló “la consignación presupuestaria” para la contratación e hizo constar, en su último punto, que el órgano competente para la aprobación del expediente era el consejo del IPDC. El organismo municipal no dio su conformidad al contrato con la red Gürtel hasta el 24 de marzo, casi dos meses después de celebrarse la feria de turismo en la capital madrileña.

En la sesión extraordinaria, la alcaldesa popular también ha destacado que el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, en un auto del 30 de marzo de 2011, ya archivó la denuncia presentada por el PSOE sobre este caso. El magistrado no llegó a admitir a trámite esa denuncia y justificó su decisión con estas palabras: “No aparecen indicios suficientes para imputar delitos a Pelayo. De la misma forma que se rechazó por el TSJM conocer las vicisitudes del caso Correa en Valencia, procede rechazar el conocimiento de las actuaciones en Madrid derivadas de las actuaciones en Andalucía”.

El pasado 28 de febrero, la Policía Judicial emitió un último informe en el que detecta “irregularidades” en el proceso de contratación. Las conclusiones fueron remitidas al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) mantiene en un informe que se dio “apariencia de legalidad” a los contratos. En el escrito señala que el Consistorio “no disponía de documentación alguna con carácter previo a la ejecución de los trabajos que permitieran llevar a cabo un procedimiento de contratación debidamente reglado”. La UDEF también expone que la red Gürtel negociaba el presupuesto del montaje de Jerez antes de que se iniciara el proceso de contratación. Pese a las advertencias de la UDEF, García Pelayo repite que todo se hizo “conforme a la legislación vigente” y con el aval “de todos los informes técnicos”.