El precio de exigir justicia

La vida de Carlos Ruiz y de su familia transcurría con tranquilidad en 2007. Su hijo, Iván, trabajaba como cámara para diversos medios y había logrado independizarse. “En esa época mi empresa de eventos culturales empezó a crecer y le llamé para venir a trabajar conmigo. Antes de empezar, hizo un viaje a Brasil, en julio, para descansar”, recuerda Carlos. Todo iba bien. Hasta el 8 de noviembre de ese mismo año, cuando un hombre, que cumplía un año de pena de tratamiento médico vigilado, invadió la casa de Iván y le quitó la vida. Como si no fuera lo suficiente, su familia tiene hoy una deuda con el Estado: el Tribunal Supremo no reconoció la responsabilidad del Estado por el asesinato de Iván y obligó el pago de 4.000 euros de costas del juicio.

Eran las nueve de la noche del 8 de noviembre de 2007 cuando Iván Ruiz, de 31 años, llegó con una amiga a su casa, en la calle de Carmen Montoya, cerca de la plaza de Castilla, en Madrid. En su garaje estaba Jesús Borja, que había entrado para robar. Pistola en la mano, el hombre encañonó a Iván cuando este salió de su coche. La víctima llegó a ofrecer su cartera a Borja, que la rechazó. Iván entonces salió a la calle y empezó a correr. Borja, a disparar. La última bala del arma le alcanzó a Iván en la cabeza.

Borja fue condenado a 18 años de prisión por tenencia ilegal de armas y asesinato en 2009. Aquel día ya había cumplido cuatro años de prisión por varios delitos de robo y, en 2007, cumplía una pena de libertad vigilada y se encontraba bajo tratamiento médico. “Siempre se metía en conflictos en el barrio y, en ese mismo día, ya había intentado atracar otros dos establecimientos. Ya era bastante conocido en esa zona”, narra Carlos. “No debía estar en la calle”.

Carlos Ruiz y su familia decidieron, a través de la Asociación Nacional de Víctimas de Delitos Violentos, interponer en 2010 una demanda en el Tribunal Supremo, argumentando que Jesús Borja no cumplía el tratamiento de ambulatorio previsto por su condena y se encontraba en la calle fuera de control. Reclamaron, entonces, que el Estado se responsabilizara del asesinato de Iván y pagara una indemnización de 300.000 euros.

“Es una vergüenza. Me niego a pagarlo”, dice el padre de la víctima

La sentencia reconoce que el asesino de Iván tenía otros antecedentes penales y no cumplía con el tratamiento externo. Pero concluye que, si lo estuviera cumpliendo, no estaría impedido de asesinar a alguien, ya que su sentencia “no le privaba de su libertad”. La familia decidió intentar un recurso de casación para intentar anular la sentencia. En julio de 2013, el Supremo lo denegó y condenó a la familia a pagar 4.000 euros por las costas del juicio.

José Miguel Ayllón Camacho, abogado y presidente de la Asociación Nacional de Víctimas de Delitos Violentos, argumenta que hay una discriminación en el tratamiento de las víctimas en España. “Cuando se trata de una víctima de terrorismo, el Estado paga una indemnización. En otros casos, sin embargo, se niega a reconocer los derechos de los afectados y, encima, condena a pagar las costas”. Ayllón opina, además, que se trata de un problema económico. “Si no tuviera que pagar una indemnización, el Estado sí asumiría la responsabilidad”.

No hay manera de anular la sentencia. “Es normal, así es la ley. Siempre hay el riesgo de pagar las costas del juicio cuando se interpone un recurso de casación”, reconocieron los letrados consultados por EL PAÍS. Carlos Ruiz admite que su familia sabía de esta posibilidad. “La asociación nos avisó, pero decidimos intentar por pensar que era lo correcto”, asegura. “No lo hicimos por la indemnización, que no nos va a traer nuestro hijo”.

La madre de Iván ya pagó la mitad de los 4.000 euros porque quería verse libre del problema, asegura Carlos. Los otros 2.000 euros todavía están pendientes. “No tengo este dinero ahora. Pero aunque lo tuviera, me niego a pagar”, sostiene. El riesgo es que le embarguen. Pero insiste: “Es una vergüenza. Matan a mi hijo y, encima, tengo que pagar 4.000 euros”.