Una Administración corrompida

El ensueño con el que el PP deslumbró a los valencianos en la primera década de este siglo ha terminado. Los tribunales de justicia, a golpe de auto, han terminado por apagar los brillos de una Administración autonómica que funcionó con arbitrariedad y falta de control al amparo de los abundantes recursos generados por la burbuja inmobiliaria. “Durante el invierno nuclear del Gobierno de Zapatero, Valencia alumbraba el camino del futuro de España”, llegó a decir el expresidente Francisco Camps, entrevistado en 2012.

Sin embargo, el presente es bastante más sombrío. El propio Camps, absuelto en el caso de los trajes regalados por la trama Gürtel —el mismo caso por el que su vicepresidente Victor Campos fue condenado— sigue siendo llamado hoy a colaborar con la justicia por otras irregularidades de su Gobierno. Ahora, como testigo en el caso Nóos.

Lo sucedido con Camps, por importante que sea, no es la única situación excepcional. En su primera legislatura nombró un vicepresidente, Víctor Campos, ya condenado en firme. Y en su segunda, tres vicepresidentes. De los cuales uno está imputado, Vicente Rambla, por participar en la supuesta financiación irregular del PP. Y los otros dos han sido llamados a colaborar por la justicia en calidad de testigos por diversas irregularidades en la Generalitat. Gerardo Camps en el caso Nóos y Juan Cotino en el caso Bárcenasy el caso Emarsa.

Por debajo de ellos hay un total de seis exconsejeros imputados por casos de corrupción. Cinco por su participación en las adjudicaciones irregulares a Orange Market, el buque que comandaba Álvaro Pérez El Bigotes, proveedor único de eventos de la dirección regional del PP. Y el sexto, Rafael Blasco, por el desvío de fondos públicos destinados a la cooperación con países en desarrollo.

“La falta de transparencia es el caldo de cultivo de la corrupción”

Un escalón más abajo, en la pirámide de mando, figuran como imputados casi una decena de secretarios autonómicos y docenas de directores generales y altos funcionarios de la Generalitat en las distintas piezas del caso Gürtel, el caso Cooperación y el caso Nóos.

El cuadro de imputados ilustres lo completan la cúpula de la dirección regional del PP durante los años de gloria de Camps, con Ricardo Costa a la cabeza.

En total el año pasado, el Consejo General del Poder Judicial contabilizó 280 casos de corrupción en los juzgados de la Comunidad Valenciana.

¿Qué explica esta imagen de Administración corrompida? Para un experto que pide el anonimato y que colaboró en el libro blanco de las Administraciones Públicas del Gobierno socialista, las razones se pueden resumir en cuatro: “La falta de transparencia, que es el caldo de cultivo de la corrupción; la excesiva discrecionalidad en los nombramientos por parte de quien ostenta el poder; la politización de los órganos de control y la debilidad de los controles externos y, por último, la sensación de impunidad a la que contribuyeron los votantes revalidando mayorías cuando ya habían estallado los escándalos de corrupción”.

Aunque los tribunales cuestionen de manera generalizada la gestión de la era Camps, lo cierto es que el PP ya había registrado sonoros escándalos de corrupción con Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat.

La diferencia, según un exalto cargo popular, es que Zaplana dejaba “poco margen de iniciativa” a sus subordinados, mientras que Camps solo se ocupaba personalmente de “las cosas que le interesaban”. Otra diferencia es que Zaplana fue diligente a la hora de apartar a su consejero de Obras Públicas Luis Fernando Cartagena —condenado finalmente por apropiación de un dinero donado por religiosas de Orihuela— mientras que Camps reforzó al hombre fuerte del PP en Castellón, Carlos Fabra, hoy condenado a cuatro años de prisión por delito fiscal.

El año pasado los tribunales gestionaron 280 causas

La segunda diferencia estriba en que el mayor caso de corrupción de la etapa Zaplana, el caso Terra Mítica, ha quedado limitado a la cúpula del parque, que se sentará en el banquillo en breve.

En cambio, los sumarios judiciales que afectan a los mandatos de Camps han derivado casi en metástasis. La trama Gürtel, cuyo esquema consistía en lograr contratos de la Generalitat y dinero de adjudicatarios de la Administración valenciana para pagar los eventos de la dirección regional del PP a cambio de suculentas comisiones, ha llevado a la imputación de decenas de cargos de consejerías y empresas públicas como Ràdio Televisió Valenciana (RTVV).

La filosofía del laissez fair laissez passer de Francisco Camps, envuelta en un manto de opacidad, también ha contribuido a agravar escándalos como el de la desaparición de las cajas de ahorro valencianas. Aunque el PP de Camps controló los consejos de administración de las entidades, prefirió mirar hacia otro lado incluso cuando los signos de deterioro financiero eran evidentes. Hoy están imputados los principales responsables de la CAM y Bancaja, incluido el expresidente de la Generalitat José Luis Olivas en el caso Bankia, y las cajas han desaparecido.

La estructura de gobierno de Camps ha pasado casi toda por los juzgados

Si las contrataciones fraccionadas, sin criterios de adjudicación y sin publicidad se utilizaron para eludir la legislación —y facilitar la entrada de la trama Gürtel, así como la adjudicación de las tres ediciones del Valencia Summit y el convenio para la celebración de unos Juegos Europeos al duque de Palma, Iñaki Urdangarín—, las subvenciones han sido el otro caballo de Troya de la corrupción valenciana.

Una fuente de la Sindicatura de Comptes argumenta que la mayoría de irregularidades fueron recogidas en las auditorías pero “los que debían hacer caso de las recomendaciones se limitaron a leer los informes y punto”. “No tiene sentido que los consejeros comparezcan en el Parlamento a explicar sus presupuestos, que la Sindicatura de Comptes explique posteriormente la gestión realizada y que luego los responsables políticos no den cuenta de las irregularidades detectadas por las auditorías en las Cortes”, añade esta fuente. “El órgano auditor tiene una limitación muy importante”, explica, “No podemos pedir información a terceros, potestad que sí tiene la Agencia Tributaria, que es quien acaba al final por descubrir las ilegalidades”.

Zaplana se empleó a fondo para acotar los escándalos durante su mandato

Así ha sido en las distintas piezas del caso Gürtel, el caso Nóos, el caso Blasco y el caso Fabra. En todos ellos, los informes de la Agencia Tributaria y las pesquisas policiales sobre el rastro del dinero han sido determinantes para poner al descubierto las irregularidades.

Una situación que explica igualmente por qué sin la existencia de denuncias judiciales por parte de la oposición, y algunos particulares, los escándalos habrían quedado circunscritos a la esfera de la opinión pública.

Hoy sorprende que, de casi toda la política de grandes eventos, la única que se ha salvado del escándalo es la Copa del América, en la que tuvieron que convivir populares y socialistas. Lo que ya no sorprende es el grado de permeabilidad a la corrupción que acumuló una Administración con el presidente más poderoso de la historia de la Generalitat.