Las defensas del ‘caso Blasco’ arremeten contra los técnicos

Con la intervención de los abogados de la defensa, el juicio de la primera pieza del caso Cooperación o caso Blasco concluyó este viernes. El proceso sobre el presunto saqueo de las ayudas de 1,6 millones de euros concedidas por la extinta Consejería de Solidaridad, que dirigía Rafael Blasco, a la Fundación Cyes para proyectos en Nicaragua, donde sólo llegaron 43.000 euros, está visto para sentencia.

Los abogados de la defensa volvieron a acusar a los técnicos y funcionarios de cualquier irregularidad en el expediente. La gestión de los expedientes fue “nefasta” y “desastrosa”, según las valoraciones de los letrados del exsubsecretario Alexandre Català, el exdirector general Josep Maria Felip y el exjefe de gabinete Xavier Llopis.

Como al inicio del juicio, hace tres meses, los letrados de Català y Felip incidieron en que la Abogacía de la Generalitat ha vulnerado los derechos fundamentales de ambos al haberlos asesorado en el inicio de la instrucción para luego ejercer como acusación particular contra ellos y los otros siete procesados. La fiscalía pide 83 años y medio de cárcel en total para todos los acusados.

El abogado de Catalá (por el que piden 13 años) consideró un “escándalo, que se comenta en el sector de los penalistas valencianos”, el papel de la Generalitat. El de Felip (10 años) reclamó la nulidad del proceso. “Como dijo el fiscal, la actuación de la Generalitat es correcta inicialmente porque tiene la encomienda de defender a los funcionarios y altos cargos, y no es eso lo que discutimos, sino su voluntad de acusar después de haberlos defendido”, sostuvo.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Pilar de la Oliva, permitió la permanencia como acusación de la Abogacía de la Generalitat al inicio del proceso, cuando se discutieron las cuestiones previas.

El abogado Llopis (seis años) sostuvo que no se informó a su defendido de las acusaciones que pesaban sobre él en el momento que prestó declaración en la fase de instrucción, circunstancia que ha considerado causa de nulidad.

La abogada de Tina Sanjuán, ex secretaria general de Solidaridad, negó que su representada tuviera alguna intención de beneficiar a la Fundación Cyes, que el entonces consejero y actual diputado No Adscrito en las Corts, Rafael Blasco, así se lo ordenara, o que se haya acreditado falsedad documental de la que también se le acusa.

Blasco reiteró su inocencia en el turno de la última palabra del juicio que empleó. Defendió que “siempre” ha estado al lado de la ley y criticó que la Generalitat le acuse cuando “siempre” le ha defendido y ha avalado su gestión, aludiendo a la información y la confianza que trasladó a la abogacía de la misma antes de convertirse en acusación.