Fabra apuesta por la discreción en sus acuerdos con Montoro

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, defendió este jueves la política de despacho para lograr una mejor financiación autonómica. El presidente se sometió en las Cortes Valencianas a las preguntas de control de la oposición, que expresó su desconfianza en el Consell para lograr una financiación justa e intentó arrastrar al vicepresidente José Ciscar bajo el foco de Gürtel tras la declaración del exconsejero Miguel Peralta sobre las contrataciones del PP con Álvaro Pérez, El Bigotes.

Fabra negó que haya retirado la reforma del Estatut —en la que se vinculan las inversiones territorializadas del Estado al peso de la población— de su tramitación en el Congreso. Sin embargo, su vicepresidente, José Ciscar aseguró en la misma sesión y en respuesta a Ignacio Blanco, de Esquerra Unida, que esa reforma “está en suspenso”, esperando otra reforma estatutaria, “para que se puedan tramitar simultáneamente”. Ciscar se refería al proyecto del Consell para reducir el número de diputados, que todo hace prever que no saldrá adelante, dado el rechazo de la oposición.

Fabra recalcó que el nuevo modelo de financiación “no se tramita en las Cortes, se aprobará allí, pero se tramita en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF)”. El presidente optó por el perfil bajo, incluso cuando Marga Sanz, de Esquerra Unida, le recordó las veces que el PP ha votado en contra de una mejor financiación para la Comunidad Valenciana en el Congreso y los repetidos agravios del ministro Cristóbal Montoro, o cuando Enric Morera, de Compromís, le afeó la falta de brío en la exigencia de la deuda histórica.

La defensa del presidente fue que el actual modelo de financiación es responsabilidad del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y se limitó a señalar que el nuevo modelo será más justo. Más contundente se mostró el consejero de Hacienda, Juan Carlos Moragues, que remarcó: “No renunciamos a la deuda histórica y el sistema de financiación cambiará en 2014 y lo va a hacer el Gobierno del PP”.

En una sesión a la que volvió la diputada de Compromís Mireia Mollà, expulsada la víspera, el momento de mayor tensión se produjo cuando el portavoz socialista, Antonio Torres, responsabilizó a la corrupción del PP de buena parte del deterioro institucional y reclamó, otra vez, elecciones anticipadas. Torres recordó las elevadas cifras de paro y exclusión social y acusó al Consell de inoperancia mientras imputados ilustres como los alcaldes de Castellón y Alicante Alfonso Bataller y Sonia Castedo o los diputados Luis Díaz Alperi y Milagrosa Martínez —estos últimos ausentes de la sesión— siguen en sus puestos. Recriminó al jefe del Consell que no hiciera ni una mención al exdirector general de RTVV, Pedro García.

Fabra replicó, nuevamente, con los datos de Andalucía y acusó a los socialistas de enrocarse en un discurso catastrofista. En medio del debate, los socialistas no perdieron ocasión para referirse a las declaraciones del exconsejero Miguel Peralta ante el juez que instruye el caso de la financiación irregular del PP valenciano. Primero Torres y luego los socialistas Carmen Ninet y Francisco Toledo pidieron explicaciones sobre la contratación de Orange Market por parte del PP de Teulada, dirigido en 2007 por José Ciscar, entonces alcalde y hoy vicepresidente del Consell. “Acabarán pareciendo el grupo de Orange Market”, recriminó Toledo a los populares.

Ciscar evitó entrar en el cuerpo a cuerpo y se escudó en que “los socialistas pueden hacer primarias todas las semanas pero no tienen legitimidad para decir lo que están diciendo”.