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El Ejecutivo garantizará viviendas a todos los afectados con escasos recursos

Las familias afectadas por el incendio de Trintxerpe podrán realojarse en Pasai Antxo desde julio

San Sebastián -
Dos personas afectadas por el incendio de Trintxerpe se disponen en enero pasado a entrar en sus nuevos pisos, en la barrio donostiarra de Morlans.
Dos personas afectadas por el incendio de Trintxerpe se disponen en enero pasado a entrar en sus nuevos pisos, en la barrio donostiarra de Morlans.JAVIER HERNÁNDEZ

El Gobierno vasco estudia la situación de las familias afectadas por el incendio de Trintxerpe para que todas ellas, incluidas las que estaban en alquiler, puedan disfrutar de ayudas a la vivienda una vez superado el plazo de seis meses de realojo gratuito que concluye el 29 de julio.

El compromiso hacia los afectados por el incendio que asoló los números 5 y 7 del barrio pasaitarra de Trintxerpe ha sido concretado hoy por la viceconsejera de Vivienda, Covadonga Solaguren, que ha comparecido en la comisión de Reglamento de las Juntas Generales de Gipuzkoa junto con la alcaldesa de Pasaia, Amaia Agirregabiria.

Solaguren ha explicado que 25 familias están realojadas en otras tantas viviendas de VPO en alquiler social de las 68 en este régimen que cuenta el Gobierno Vasco en el barrio de Morlans en San Sebastián. El Gobierno vasco dictó una resolución para el uso de estos pisos, tras consultar con el Ayuntamiento de San Sebastián, el 24 de enero y el 29 de ese mes hizo la entrega de llaves y se firmaron los contratos.

Ha recordado que el Gobierno garantizó la gratuidad de estas viviendas en el plazo de seis meses, aunque los inquilinos deben afrontar el pago de los servicios, pero "no aparece en ningún documento que deban abandonarlas en este plazo" si existe "una situación de necesidad" o un informe de "desamparo", ha matizado.

Para ello, la sociedad pública de alquiler Alokabide, en colaboración con el Ayuntamiento de Pasaia, recaba los datos sobre la coyuntura económica de cada una de las familias. En principio, ha agregado, se intentará que sean autónomas y puedan acceder al mercado libre, pero en caso de que esta opción no sea posible se garantizará una vivienda de alquiler social.

En este sentido, la directora de Alokabide, Irune Berasaluze, ha explicado que del total de 25 familias realojadas, nueve de ellas estaban en alquiler en Trintxerpe, de las cuales tres podrían presentar dificultades para afrontar los costes del mercado libre. Según ha puntualizado Solaguren, el plazo de gratuidad en las viviendas de Morlans concluye el 29 de julio, tras lo cual los realojados podrán trasladarse a los bloques de viviendas de VPO que se construyen en los terrenos de la antigua fábrica Luzuriaga, en Pasaia Antxo, cuyo plazo de finalización se sitúa entre finales de mayo y principios de junio.

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La viceconsejera ha indicado también que el Gobierno Vasco financiará los proyectos de ejecución de los nuevos edificios que sustituyan a los incendiados o de la rehabilitación de los antiguos, una decisión que deben adoptar los vecinos. El ejecutivo autonómico puso asimismo a disposición del consistorio pasaitarra 150.000 euros para que las satisfacer las necesidades de urgencia de los afectados.

La alcaldesa de Pasaia ha destacado que el suceso ha evidenciado "la colaboración interinstitucional" y la importancia de los servicios sociales municipales, por ser los más cercanos al ciudadano. Agirregabiria ha instado a llevar a cabo una reflexión sobre la venta de materiales pirotécnicos y ha asegurado que revisa los planes de seguridad del municipio al tiempo que ha destacado la necesidad de concienciar a la ciudadanía sobre situaciones mediante simulacros o facilitando información.

Ha explicado que el Ayuntamiento trabaja con las familias que estaban alquiladas en los bloques calcinados con un técnico que les ayuda en la elaboración de un "plan de ahorro", de cara a acceder al mercado libre, y también asesora a los vecinos sobre su decisión respecto al futuro de los edificios.

Los representantes de los grupos junteros han coincidido en valorar la gestión del siniestro así como en el reconocimiento al trabajo de los servicios públicos.

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