PSOE e IU insisten en pedir al Estado la cesión de La Almoraima

La venta de la finca pública La Almoraima, ubicada en Castellar de la Frontera (Cádiz), ha vuelto a abordarse este jueves en el Parlamento andaluz. Y las posiciones no varían. PSOE e IU, que gobiernan juntos la comunidad, han rechazado los planes de privatización del Ministerio de Medio Ambiente. El PP defendió la venta del latifundio, que fue expropiado en 1983 al grupo de Ruiz Mateos.

Estas posiciones se trasladaron a la votación de una proposición no de ley sobre La Almoraima en la que se mostraba el rechazo a la operación y se pedía al Gobierno central que ceda las competencias para la gestión y explotación de la finca. Si no, "en su defecto", se reclamaba que el ministerio ceda "la titularidad de la misma con cargo a la deuda contraída por el Estado con Andalucía" por el "incumplimiento" de las inversiones fijadas en el Estatuto en función de la población de la comunidad. Esta proposición ha sido aprobada por el pleno del Parlamento gracias a los votos de PSOE e IU. El PP ha rechazado la iniciativa. No es la primera vez que el Parlamento andaluz reclama al Estado que le transfiera la finca. A finales de noviembre, el Congreso de los Diputados rechazó esta cesión. La reclamación andaluza lleva décadas sobre la mesa. A finales de los ochenta, la Junta presentó un recurso positivo de competencias cuando el Estado decidió traspasar la finca al Icona (el antiguo Instituto para la Conservación de la Naturaleza). Pero el Tribunal Constitucional rechazó en 1994 los argumentos de esta comunidad, que entre otras cosas pedía que le transfirieran los terrenos.

Ahora, con la intención del Gobierno de vender estas más de 14.000 hectáreas por unos 300 millones, el debate se ha vuelto a abrir. El ministro Miguel Arias Cañete ha rechazado entregar el latifundio, aunque ha dejado abierta la puerta a que la Junta lo compre, algo impensable en este momento.

En la proposición aprobada este jueves también se pide que la Junta abra "una línea de colaboración" con el Gobierno para que en la finca se acometa un plan de usos que favorezca "la transformación de los productos agrícolas y forestales de la zona, el desarrollo de la agricultura y la ganadería ecológicas, el turismo sostenible o las energías renovables".