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Reabierto un caso de supuesta agresión policial en Zapadores

Los inmigrantes denunciaron el caso en 2012 y ya han sido expulsados

La sección tercera de la Audiencia de Valencia ha reabierto la investigación por una denuncia de supuesta agresión policial a unos inmigrantes argelinos que estaban ingresados en Zapadores en Valencia, según ha informado la plataforma por el cierre de los centros de internamiento para extranjeros en un comunicado.

La denuncia se remonta a 2012. En un auto de septiembre del pasado año, el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia acordó el sobreseimiento provisional de las diligencias previas. Sin embargo, los denunciantes recurrieron y la ahora la Audiencia ha admitido su recurso a considerar que en este caso es necesaria "al menos, una diligencia de investigación" que esclarezca una posible identificación proporcionada por los afectados.

Según ha destacado la entidad en un comunicado, el 8 de abril de 2012, un total de 11 personas llegaron a la costa de Níjar (Almería) y a cinco de ellas se las recluyó en Zapadores. Tres de los afectados aseguraron ser menores de edad, subraya la plataforma.

De acuerdo con su versión, en la madrugada del 28 al 29 de abril, dos agentes de policía entraron a registrar la celda que compartían los inmigrantes "con el pretexto de que olía a humo porque estaban fumando". Los denunciantes aseguraron que los policías salieron sin encontrar nada, pero que uno regresó y "arremetió" contra ellos a golpes y les causó "graves contusiones" en la cara, cuello, torso y brazos, siempre según el relato de la plataforma.

A instancia de los denunciantes, el equipo médico y jurídico de la Campaña por el Cierre de los CIE elaboró un informe sobre las lesiones y pidió que fueran puestos en libertad. El 30 de abril de 2012, ratificaron ante el juez los hechos y describieron al presunto agresor. Además, se pidió a la subdelegación del Gobierno en Almería que suspendiera la expulsión de estas cinco personas para que se continuaran las diligencias judiciales.

Sin embargo, los afectados fueron expulsados pocos días. Ahora, la resolución de la Audiencia decide estimar el recurso al entender que con los datos de identificación del policía denunciado "cabe considerar preciso, al menos, una diligencia de investigación que esclarezca si alguno de los policías a que hace referencia el oficio presenta las características de identificación facilitadas por los denunciantes y se reciba declaración al mismo, toda vez que los hechos no solo pueden ser constitutivos de una falta sino de delito previsto en el artículo 174 del Código Penal".

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Todo ello, sin perjuicio, añade el auto, "de la dificultad o imposibilidad de que los testigos, algunos de ellos al parecer residentes en los domicilios que facilita la parte apelante, puedan llevar a cabo los reconocimientos en rueda y declaraciones pertinentes".

La Campaña por el Cierre de los CIE valora la decisión de la Audiencia y reclama que en las nuevas diligencias que se practiquen "se esclarezcan los hechos teniendo en cuenta la gravedad de las denuncias de las víctimas, quienes ya manifestaron en su día su voluntad de ratificarse en las declaraciones iniciales que realizaron ante el juez".

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