El gobierno de Ourense admite errores en el concurso que imputó al alcalde

“Puede haber errores en el intento de no perder una subvención o en la invitación de empresas al proceso, lo que sí que sabemos es que no hubo advertencias en el expediente”. El gobierno socialista de Ourense justifica así la imputación del regidor y su núcleo duro: un posible error por las prisas. La justicia dirime si la adjudicación de una obra de 623.000 euros a dedo y sin publicidad fue legal. El juez ve indicios de prevaricación, y los ediles José Ángel Vázquez Barquero y Áurea Soto insistieron ayer en que no existen informes en contra. En el expediente que obra en poder del juez no hay informe alguno ni a favor ni en contra, tal y como obliga la ley. Los socialistas no supieron concretar por qué no se publicitó el proceso de adjudicación, formalizado en secreto e invitando a empresas del grupo Ocasa, del que es directivo un miembro de la ejecutiva local del PSdeG. La ausencia de esa publicidad centra las sospechas del juez.

 La imputación del alcalde ha reavivado las brasas del incendio en el PSdeG ourensano. Agustín Fernández se reunía con sus ediles afines en el habitual encuentro de los martes. No asistieron los cinco díscolos suspendidos de militancia, que a la misma hora conversaban ante el Ayuntamiento. Ninguno quiso arropar, ni en público ni en privado, a los encausados. Por el momento, los afines al exsecretario del PSdeG Pachi Vázquez se mantienen ajenos a causa judicial alguna y orgánicamente agitan esta baza en la guerra interna por el control del partido. La crisis se agudizó tras el plante que protagonizaron en un pleno en diciembre por no estar de acuerdo con el sentido del voto. Las reuniones secretas de ambos bandos con la dirección federal se suceden hace semanas.

La dirección ourensana tampoco arropa al regidor. La secretaria de organización del PSdeG provincial, María Quintas, preguntada por este diario, aseguró que “se remite a las declaraciones de la dirección del partido en Galicia” y matizó que “indudablemente” es un tema que perjudica a la política pero “a la espera de la decisión judicial, que cada palo aguante su vela”. El secretario gallego, José Ramón Gómez Besteiro —que se posicionó junto a Fernández en la disputa interna— insistió ayer en que cumplirá la norma que obliga a destituir a los cargos procesados. Si el instructor abre juicio, Besteiro tendría que apartar a los tres cargos más relevantes del Ayuntamiento a los que él mismo arropó, desatando una nueva pelea por el control de la alcaldía.

Mientras la justicia sigue su curso, parece no pasar nada en la Praza Maior. Los imputados del PSdeG —que gobierna en minoría con 11 de 27 ediles— no se plantean dimitir y la oposición no es capaz de acordar una moción de censura. PP, BNG y Democracia Ourensana (DO) exigen dimisiones pero no negocian entre ellos. El Bloque prefiere mantener al regidor imputado con sus tres votos y no apoyar la moción. “La solución pasa por las elecciones anticipadas”, insistió el Consello Local nacionalista, reunido de urgencia. La propuesta es casi inmaterializable, depende del Consejo de Ministros. El portavoz de DO, Gonzalo Pérez Jácome, ironiza: “Van a dar al Ayuntamiento el pichichi de las imputaciones”. Y el gobierno local no ve lógico dimitir por el momento “En un Estado democrático no tiene sentido que nadie dimita por esto”, sentenció el portavoz socialista.