Louzán declara ante el fiscal por locales alquilados a un diputado

El presidente del Partido Popular de Pontevedra y de la Diputación Provincial, Rafael Louzán, acudió ayer a la fiscalía para declarar en el ámbito de unas diligencias informativas abiertas tras una denuncia anónima para determinar un posible sobreprecio en el alquiler de unos locales comerciales de su propiedad al concejal de Pazos de Borbén y diputado provincial Severino Reguera. Desde la fiscalía confirmaron la comparecencia del presidente provincial y de su esposa (como copropietarios de los locales en régimen de gananciales) para aclarar un presunto delito económico con la aportación de pruebas documentales notariales y de Hacienda. Días antes también acudió a la citación del fiscal el diputado Severino Reguera. Fuentes de la investigación no han descartado el archivo de las diligencias, una decisión que se tomará en los próximos días, según indicó el fiscal jefe en Pontevedra, Juan Carlos Aladro, quien aclaró que “no hay ningún imputado, sino investigado”.

La propiedad de los tres locales situados en la zona de Navia, en Vigo, dedicados a un negocio de panadería gestionado por las empresas de Reguera, figura en la declaración de bienes de Louzán en la Diputación con un valor catastral de 24.931 euros. La Fiscalía pretende aclarar un sobreprecio de 2 o 3 euros más por cada metro cuadrado respecto al resto de los alquileres de la zona. “En principio está todo en orden”, ha dicho el presidente provincial, que entiende que la investigación solo atañe al ámbito privado y no a la institución. Rafael Louzán explicó que los precios, que se remontan a 2008, los fijó una gestoría porque quiso que el negocio “se hiciese reglamentariamente bien para que no hubiese dudas”.

El presidente hizo hincapié en que la investigación parte de una denuncia anónima hecha exactamente hace un año en la fiscalía de Santiago, coincidiendo con la declaración pública de bienes de los diputados provinciales. El líder del PP en la provincia explicó que Reguera tiene otros locales destinados al negocio de la panadería en Cambados, Sanxenxo y Vilagarcía, y señaló que los de Vigo los había comprado previamente a una cooperativa de viviendas. Preguntado sobre si había respondido a las preguntas formuladas por el fiscal, Louzán dijo que había mantenido con él una “charla amplia”, para indicar a continuación que no tenía nada que ocultar y que por eso comparecía también ante los medios.