La Generalitat rebaja las expectativas ante el pleno sobre la pobreza

Las entidades que luchan contra la pobreza ya demostraron el lunes que confían poco en el Gobierno catalán para solucionar sus problemas. Por si alguna asociación albergaba dudas, el consejero de Presidencia, Francesc Homs, se encargó ayer de apagar toda esperanza asegurando que no habrá ni un euro más del previsto para luchar contra la pobreza: “No podemos generar expectativas que luego no puedan cumplirse. Eso sería engañar”, alertó Homs, que pidió a la oposición que no convierta el pleno monográfico que se celebra hoy en “un debate preelectoral”. ERC, que intentará sacar a relucir su condición de partido de izquierdas, dio pistas de su posición en el debate al insistir en que las partidas del Presupuesto no son inmutables.

El Gobierno no podrá sacar ningún conejo de la chistera para contentar al sector, pero lo compensará con gran despliegue de efectivos. Artur Mas encabezará una amplia nómina de consejeros: hablarán todos los que trabajen con algun área relacionada con la pobreza, desde la encargada de Bienestar Social, Neus Munté, hasta Felip Puig, de Empresa, que tratará sobre la Renta Mínima de Inserción o Irene Rigau, de Enseñanza, que abordará la problemática de las becas comedor. El Gobierno quiere dar la imagen de estar trabajando en la pobreza, aunque pocas acciones podrá ofrecer. Según fuentes del Ejecutivo, como mucho se desglosarán partidas recogidas de forma genérica en los Presupuestos.

Los partidos que han forzado el pleno, PSC, Iniciativa, y la CUP, llevarán al hemiciclo las propuestas que recogieron el lunes de las principales entidades, que se reunieron en el Parlament ante el veto de CiU y ERC a su participación el pleno. Las entidades coincidieron en unas pocas condiciones básicas, con atención especial a las becas comedor, la renta mínima de inserción, la dependencia o la pobreza energética.

“Si miras los presupuestos de la Generalitat, son un goteo de recortes, cada vez más. Dentro de la falta de recursos, priorizan la pobreza, pero no llega”, denuncia Teresa Crespo, presidenta de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS). Aunque las políticas sociales se llevan el 70% de las cuentas públicas, las entidades del tercer sector coinciden en que no es suficiente. “Está bien que el 70% del presupuesto esté en políticas sociales pero cada vez hay más necesidades de primer orden. No es suficiente porque las necesidades se han incrementado”, añade Àngels Guiteras, presidenta de la Mesa del Tercer Sector.

El tercer sector pide

Ante el endurecimiento, en 2011, de los requisitos para acceder a la renta mínima de inserción –se redujo de 32.000 (en 2011) a 23.886 (a finales de 2013) el número de beneficiarios de los 420 euros— y con más de 95.000 hogares catalanes sin ningún tipo de ingreso, las entidades sociales defenderán en el pleno que se establezca una renta mínima ciudadana para que los más necesitados puedan tener unos ingresos asegurados.

Además, sobre la mesa, los recortes en discapacidad, la situación de pobreza energética que, según Cáritas, afecta al 6,9% de las familias catalanas, y la precaria situación del sector de la dependencia —las patronales calculan que la deuda de la Generalitat con las residencias asciende a 90 millones— , coparán también buena parte de las demandas de las entidades sociales. “Recortar algo más es acabar con derechos fundamentales”, denuncia Rosa Cadenas, presidenta de la federación de discapacitados intelectuales de Cataluña (Dincat). Según Cadenas, la Generalitat ha reducido en unos 56 millones las ayudas a este colectivo desde el inicio de la crisis.

“Cada vez estamos más hartos, más cansados. Si no empezamos a trabajar en un modelo sostenible y a reorganizar todo el sistema, estamos al borde del abismo”, alerta Cinta Pascual, presidenta de ACRA, una de las patronales del sector residencial. En 2013, los geriátricos sufrieron uno de los peores recortes en dependencia con la suspensión de las prestaciones económicas vinculadas las ayudas que la Generalitat daba a los dependientes para pagar una cama en un centro privado mientras consiguen una plaza pública.

Pese al llamamiento de CiU y ERC a evitar los reproches, el pleno estará marcado por los recortes sociales de las dos últimas legislaturas y datos como el 22,2% de la tasa de paro y el 19% de la población en riesgo de exclusión social. “Estamos yendo a la deriva en la pérdida de servicios sociales. La crisis no puede ser excusa para perder derechos”, denuncia Guiteras. La Mesa del Tercer Sector alertó ayer de que, según los índices de exclusión social que registró el Idescat desde el inicio de la crisis, una media de 88 catalanes caen en la pobreza cada día.