Orden en el mapa de causas de UGT

Durante tres meses la Guardia Civil ha peinado con lupa la contabilidad interna y facturas del sindicato UGT para ver el alcance de las irregularidades en el uso indebido de las ayudas para cursos de formación de la Junta. Ahora la cuestión espinosa es si varios jueces (o uno solo) encauzarán esa información incautada en las sedes de la organización el pasado diciembre para traducirla en imputaciones contra los supuestos responsables.

Se trata de poner orden en la investigación que afecta a UGT Andalucía, envuelta en un escándalo de malgasto de fondos públicos que la justicia intenta depurar. Y ahora el mapa de causas se está rediseñando tras la decisión de la Audiencia de Sevilla la semana pasada. Los jueces decidieron apartar a la juez Mercedes Alaya del grueso de la investigación sobre las facturas falsas y le obligaron a devolver todas las denuncias presentadas a diferentes juzgados.

¿Qué esgrimen los jueces? Pues entienden que la pieza secreta que Alaya abrió en septiembre, sobre varias empresas vinculadas al exsindicalista Juan Lanzas y que apuntan a una financiación irregular del sindicato a partir de cursos de formación, no está conectada con las comisiones que UGT cobró de los ERE. Es decir, para evitar nulidades por el juez predeterminado por ley, dado que la pieza abierta por el testimonio de Juan Lanzas no está vinculada con la gran causa de los ERE [iniciada hace tres años], los jueces que remitieron a Alaya en otoño las denuncias sobre diversas facturas debían habérselas remitido al Juzgado de Instrucción 9, cuyo titular Juan Jesús García Vélez, recibió la primera denuncia en agosto.

El quid de la cuestión es que García Vélez asumirá desde ahora el grueso de las supuestas irregularidades detectadas. De hecho, ayer mismo Alaya repartió entre los juzgados todas las denuncias y García Vélez recibió el contenido de esa primera denuncia que recayó en su juzgado ya en agosto. Y también la denuncia del Juzgado de Instrucción 16 de Sevilla, después de recibirla desde el juzgado de Alaya, confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJA). El juez decano sevillano había decidido que Alaya aglutinara las causas dado que existía acuerdo entre los juzgados, pero esta decisión queda ahora anulada por el auto de la Audiencia. Aunque el recurso de la fiscalía ante la Audiencia no contravenía la decisión del decano, esta sí ha quedado invalidada.

Eso sí, la consecuencia es un nuevo orden en el mapa de causas que afectan a UGT, y donde Alaya acumula menos pesquisas. García Vélez investigará los gastos de las facturas falsas y Alaya las empresas vinculadas a Lanzas y sus lazos con el sindicato. La magistrada puede derivar estas diligencias a García Vélez, pero sería harto improbable dados los precedentes, que demuestran el afán de Alaya por sumar nuevas causas a pesar del atasco que sufre su juzgado.

Mientras, la instructora mantiene la rama de la investigación troncal de los ERE que indaga las comisiones de las dos centrales UGT y CC OO percibidas en cada expediente, fijadas entre el 0,5 y el 2,5%. Alaya ha destacado en un auto la “participación lucrativa” de los sindicatos en el “gran negocio” de las prejubilaciones subvencionadas por la Junta, “sin más contraprestación que el cumplimiento de sus obligaciones o cometidos sindicales”, informó Europa Press.

Estas pesquisas se traducirán en un goteo de imputaciones de sindicalistas que estuvieron implicados en las negociaciones de todos los ERE. La Guardia Civil analiza paso a paso cada expediente subvencionado por la Junta, y la investigación apenas abarca por ahora una décima parte del total.

La decisión de la Audiencia de apartar a Alaya del grueso de la investigación que afecta al sindicato ha supuesto un alivio para algunos exdirigentes de UGT, dados los precedentes de las operaciones policiales dirigidas por la instructora, que han implicado encarcelamientos provisionales de los implicados. La secretaria general, Carmen Castilla, optó por la prudencia: “Confío en la justicia y las irregularidades, si las hay, serán identificadas en cualquier caso y desde cualquier juzgado. Da igual”. En teoría la investigación de la Guardia Civil no debería alterarse en función del juez que la dirija, pero la interpretación del Derecho Penal que se haga sobre las medidas preventivas, que puede suponer la cárcel [o no] para los sindicalistas, tiene un peso fundamental para los acusados y para el prestigio del sindicato, ya muy dañado.