Jugar con ventaja

La consejera Català —una brillante promesa del Partido Popular valenciano— es una firme partidaria de las universidades privadas, lo que ha demostrado en diferentes ocasiones. Días pasados, durante su intervención en el Forum Europa Tribuna Mediterránea, los periodistas preguntaron a Català sobre la cuestión. Como era de esperar, la contestación de la consejera fue positiva. “Las universidades privadas —dijo— son una iniciativa que redunda en prosperidad y puestos de trabajo”. La afirmación es cierta pero quizá resulte demasiado general. Un poco más de concreción en los argumentos, hubiera proporcionado una mayor densidad a la respuesta de la consejera. Si de lo que se trata, en última instancia, es de crear prosperidad y puestos de trabajo, también podría servirnos para el caso una fábrica de muebles o una industria de zapatos. Pero no es esa la cuestión, claro está.

Los argumentos de Català podrán parecernos livianos, pero la respuesta está más meditada de lo que a primera vista cabría imaginar. No debería extrañarnos. La consejera tiene fama de mujer inteligente que sabe medir sus pasos. Al escoger esas palabras, Català no sólo expresa una preferencia personal, sino que la presenta al público como algo conveniente que deberíamos aceptar. ¿Quién se opondría a la creación de unas universidades que traen prosperidad y puestos de trabajo? Sin embargo, nos quedamos sin saber las razones de por qué las universidades privadas logran unos resultados tan extraordinarios.

Si la consejera hubiera explicado con detalle las condiciones en que se crean esas universidades privadas, la cuestión nos habría quedado mucho más clara. Pero me temo que el efecto hubiera sido, entonces, contrario al pretendido. Català sabe que el Gobierno del que forma parte no está siendo neutral en este asunto y procura ocultarnos ese aspecto a los ciudadanos. La verdad es que el Gobierno de Alberto Fabra no está siendo imparcial ni en el aspecto económico ni en las condiciones académicas. En ambos casos, actúa de forma declarada —incluso, con un cierto descaro— a favor de las universidades privadas. La cesión de terreno público, el uso sin contrapartidas de los hospitales o la duplicidad de titulaciones, convierten esas universidades en una empresa ventajosa para sus promotores.

No estoy en contra de las universidades privadas, pero creo que los negocios deben hacerse en condiciones de libre competencia, donde el empresario arriesga su capital para obtener beneficios. Durante los años pasados, proliferaron en la Comunidad Valenciana los negocios hechos al amparo del Gobierno. El resultado ha sido un saqueo permanente de las arcas públicas, donde cantidades enormes de nuestro dinero han acabado en manos privadas. Ahora, las formas se han suavizado, pero, por lo que vemos, el uso de bienes públicos para negocios privados continúa.

En su defensa de las universidades privadas, Català dijo que no podría militar en otro partido que no ofreciera esa libertad de elección a los ciudadanos. En eso, estamos de acuerdo con la consejera, porque la libertad de elección es algo necesario. Pero para que exista una verdadera libertad de elección, el Gobierno debe ser neutral; de otro modo, juega con ventaja y trata de imponernos su elección. Si Català utiliza bienes públicos, bienes que son de todos los valencianos, y los regala a empresas privadas, ¿cómo puede hablarnos de libertad de elección? Liberales, sí; pero de verdad.