Baltar castigará aceptar cajas de puros pero no defraudar a Hacienda

Los políticos y empleados de la Diputación de Ourense serán castigados si aceptan una caja de puros pero no si defraudan a Hacienda. El código ético redactado de puño y letra por Manuel Baltar no incluye medidas contra personas implicadas en casos de corrupción a pesar de que por los pasillos del Pazo Provincial pasean diputados y funcionarios investigados por la justicia. En las 16 páginas del documento presentado ayer no aparecen palabras como corrupción o imputado. Las más repetidas (hasta 85 veces) son provincial, gobierno y ciudadanía. El texto prohíbe los regalos de cualquier valor económico e impide “desempeñar responsabilidades remuneradas que pudieran implicar trato de favor” en empresas con las que se hubiera contratado. Sin embargo, el veto a la llamada ‘puerta giratoria’ se limita a un solo año. También obliga a la presentación anual de las declaraciones de IRPF y patrimonio de los cargos electos, incluida la del año siguiente al abandono del puesto.

Pero la norma de buen gobierno –la primera de una diputación en todo el Estado– tiene mucha letra pequeña. Según aclaró el presidente ourensano, solo será de aplicación en casos relacionados con el desarrollo de la función pública. De esta forma no afectaría a un diputado condenado en el ámbito privado por fraude fiscal, que podría gestionar fondos públicos con total impunidad. Baltar explicó que “esa es una cuestión que deben regular las organizaciones políticas en sus códigos éticos”. “No podemos entrar en debates que exceden el ámbito competencial de la institución” insistió. Entre los diputados que sustentan el gobierno baltarista se encuentra el alcalde Barbadás, José Manuel Freire Couto, que defraudó a Hacienda 208.000 euros y que está imputado por presunta corrupción urbanística millonaria.

El código también afectará a los empleados públicos. De hecho, los contratos de trabajo recogerán la obligación expresa de su cumplimiento. Pero su materialización es difusa. Javier Bobe, jefe del servicio de Medio Ambiente, está imputado por supuesta estafa en el caso de las depuradoras pagadas con fondos europeos. Baltar asegura que “cuando esté aprobado, se le aplicará el código ético” que, como el mismo reconoció, no recoge ninguna medida concreta contra imputados, procesados o condenados. En el caso de Bobe o en el de cualquier otro empleado público apela a la “presunción de inocencia” y a la buena fe: “Si todo el mundo cumple no tendría por qué haber problemas y si se produce vamos a esperar a que se resuelva en el ámbito judicial”. Incluso hay espacio para la estética. El código propone eliminar la colocación de placas con nombres de personas en edificios públicos porque “se considera innecesario” y prohíbe las “declaraciones partidistas” con el escudo, la bandera o el nombre de la institución detrás. Esta norma viene autoaplicándosela el propio Baltar desde que heredó la presidencia. En la sala de prensa solo responde a cuestiones que afecten estrictamente a la Diputación y después obliga a la prensa a peregrinar hasta un hall de la planta baja donde responde a cuestiones de otros ámbitos.

Un comité ético atenderá las denuncias y verificará el cumplimiento de la norma. Estará formado por un representante de la Diputación elegido por sorteo (un alto funcionario que no tendrá voto) y por otros cinco miembros propuestos por la universidad, el colegio de abogados o la organización Transparencia Internacional. El texto, que entrará en vigor tras ser aprobado en el pleno ordinario de abril, pasará ahora por la lupa de la oposición, que tendrá un mes para aportar enmiendas o disposiciones adicionales. Baltar, que contrató a dedo a un exdiputado socialista como asesor o que fichó en 2010 para el PP al entonces ‘número dos’ del PSdeG en Ourense, considera que los representantes institucionales deben “redoblar esfuerzos por restablecer el valor de la política y recuperar la confianza de la ciudadanía” y por eso ha ideado este código ético en el que también se critica el transfuguismo.