Callejón sin salida para La Utopía

Los vecinos de la corrala La Utopía, el edificio de Sevilla ocupado desde mayo de 2012 por una treintena de familias, han vivido estos últimos días con sentimientos encontrados. Por un lado, con el miedo a que el desalojo se produjera en cualquier momento —la juez le dio la orden a la policía el 26 de febrero—; y, por el otro, con la esperanza de que este miércoles la Junta y el Ayuntamiento les ofreciera una alternativa. Pero no se ha producido ni lo uno ni lo otro. Este miércoles ambas Administraciones han escenificado el callejón en el que se encuentran. La orden de desalojo les ha pillado sin saber cómo solucionar el problema de estas familias, pese a la disposición que siempre ha mostrado la Junta. Los vecinos esperaban una alternativa, la respuesta ha sido una prórroga: el acuerdo llegará, a lo sumo, en una semana.

Jesús Maeztu señala que se buscará una alternativa “factible” y conforme a la ley

Así lo ha anunciado el defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, tras la reunión mantenida con el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido (PP), y la consejera de Fomento, Elena Cortés. En ella, se ha acordado la creación de una comisión integrada por técnicos de ambas Administraciones y representantes del Defensor en materia de vivienda que estudiará el realojo de estos vecinos. “Será cuestión de unos días, a lo sumo, una semana”, ha repetido en más de una ocasión Maeztu.

Tras algo más de una hora de reunión, el Defensor —quien ha acudido a la cita como “garante de los compromisos que pudieran acordarse”, según ha señalado— ha precisado que la comisión comenzará a orquestar mañana mismo una solución “factible” y conforme a la ley para evitar que se llegue “a una situación que nadie quiere”. Esa alternativa, según Jesús Maeztu, también cumplirá con el auto de desalojo dictado por la magistrada en el que se detallaba que las Administraciones velarán para que, ante el desahucio, “se salvaguarden a menores, ancianos y familias en riesgo de exclusión social”.

El Defensor ha eludido concretar las soluciones barajadas en la reunión hasta que no sean revisadas por dicha comisión pero ha insistido en que “todo se hará con carácter definitivo”, sujeto a “un orden y un procedimiento” con el cumplimiento de requisitos como la “acreditación de la necesidad de vivienda” de estos vecinos y para evitar “un efecto llamada”. Entre las posibles soluciones, la Junta estudiaba realojar a estas familias en unas viviendas que construye en una parcela entre el Prado y San Bernardo. Los inmuebles estarían listos previsiblemente en septiembre y, mientras tanto, el Consistorio debería aceptar realojarlas en sus inmuebles.

“Basta de mentiras, lo único que hacen es darnos largas”, dice una vecina

Maeztu, quien ha comparecido flanqueado por la delegada de Vivienda, Granada Santos, y la concejal de Bienestar Social, Dolores de Pablo-Blanco, ha señalado que comunicará “inmediatamente” a la fiscalía, al juzgado y a la Delegación del Gobierno que existe una “firme voluntad” entre ambas Administraciones para encontrar una alternativa para estas familias y evitar así que el desalojo forzoso se produzca en los próximos días.

Pero lejos de disipar el miedo de los vecinos, la reunión entre ambas Administraciones ha alimentado el fantasma de un desalojo inminente. “Basta de mentiras, lo único que hacen es darnos largas. Llevan casi dos años engañándonos, no existe voluntad de darnos una solución”, asegura Toñi Rodríguez, una de la vecinas de la corrala, que se han concentrado a las puertas del Ayuntamiento durante la reunión. “Vivimos con el corazón en un puño con el miedo de que el desalojo se produzca en cualquier momento”, agrega Toñi. “La policía lleva varios días vigilando el edificio, está preparando el desalojo. Así no se puede vivir”, afirma Aguasanta Quero, otra de las inquilinas.

La reunión entre ambas Administraciones se produce un día después de que la Audiencia Provincial de Sevilla desestimara el recurso de apelación presentado por las familias contra el auto que ordenaba el desalojo ya que existen “claros indicios de un delito de usurpación”.