Alaya señala también al Parlamento

La juez Mercedes Alaya, instructora del caso ERE, investiga ahora al Parlamento andaluz. El poder legislativo se suma así a otras instituciones de la comunidad que ya están bajo la lupa de Alaya como el Gobierno autónomo, la Cámara de Cuentas, los sindicatos UGT y CC OO, Ayuntamientos o universidades, además de bufetes de abogados, consultoras o empresas beneficiadas por el fondo, que tuvo una dotación de 850 millones entre 2000 y 2010. Alaya estima que estas ayudas fueron fruto de una estrategia política diseñada por el Gobierno del PSOE en Andalucía. La parte troncal del caso persigue, entre otros, a los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como a una veintena de ex altos cargos, a los que considera responsables de implantar un sistema ilegal para dar las ayudas.

Ahora la juez busca aclarar si los diputados que formaron la Comisión de Economía y Hacienda debatieron sobre el fondo de los ERE, ya que año tras año la partida fue incluida en los Presupuestos del Ejecutivo autónomo. Lo llamativo es que de esta comisión formaron parte 51 parlamentarios, entre ellos al menos una veintena del PP, incluido el ex secretario general regional José Luis Sanz, y tres de IU. Es decir, la investigación de Alaya atañe por primera vez a dirigentes del Partido Popular, que ha hecho del caso su principal arma como oposición, y que pudieron debatir los detalles del fondo de los ERE antes de su inclusión en la Ley de Presupuestos del Parlamento.

Eso sí, la investigación de Alaya respecto a los diputados, que realizará la Intervención General del Estado, se limita a pedir los diarios de sesiones de la comisión, pero rechaza identificar a los parlamentarios. En un auto anterior, Alaya exculpó al Parlamento sobre su responsabilidad en el conocimiento de la partida de los ERE.

Alaya considera que las transferencias de financiación, el mecanismo utilizado para pagar el fondo, no se podían utilizar para abonar las ayudas a extrabajadores y empresas. Esta figura permitía dar el dinero de las ayudas de forma ágil, pero sorteaba los controles de la Intervención de la Junta. Estas transferencias de financiación debían ser utilizadas para cubrir las pérdidas de las entidades públicas de la Junta, y no para subvenciones a empresas. La juez busca delimitar quién conoció ese uso alternativo de estas transferencias.

El auto de este miércoles responde a la petición del abogado Juan Carlos Alférez, que expone toda la información que estos 51 diputados “conocieron o debieron conocer” sobre el fondo como miembros de la comisión que repasaba el presupuesto del Gobierno andaluz y todas las partidas, incluida la del fondo de los ERE. Y este letrado buscaba delimitar el conocimiento preciso de los diputados sobre el fondo, ya que estos recibieron cuantiosa información al igual que los auditores de la Cámara de Cuentas, cuya actuación investiga asimismo Alaya.

Sin embargo, la juez ha ignorado la mayoría de pesquisas propuestas por esta parte, y se ha limitado a examinar si los diputados debatieron sobre el fondo y conocieron los detalles de las millonarias modificaciones presupuestarias propuestas por la Junta para cubrir las ayudas a empresas. Alaya ha achacado de manera insistente a los altos cargos de la Junta imputados que debieron conocer el uso de las transferencias de financiación por las numerosas reuniones que mantuvieron y el acceso a diversos informes. Alférez subraya cómo “conociendo o debiendo conocer dicho programa, jamás advirtieron tacha de ilegalidad y aún menos, de la presunta perpetración de actuación delictiva o menoscabo de fondos públicos”.

El letrado censuraba la “criminalización del programa presupuestario 31L” en la instrucción, y destacaba cómo los tres grupos (PSOE, PP e IU) recibían “o debían recibir” los expedientes de las modificaciones presupuestarias, y dado que los grupos no eran “compartimentos estancos” gran parte de los diputados debían estar al tanto del uso dado al fondo de los ERE.

Esta aparente ampliación del caso al Parlamento llega como consecuencia de la tesis principal de Alaya en la rama política: la mayoría de altos cargos que tramitaron algún aspecto vinculado con el fondo, debieron identificar que el uso destinado por la Junta esta partida era impropio, e incluso ilegal. Ese conocimiento tan detallado a nivel técnico y legal ha sido el principal achaque de la juez en sus imputaciones, ya que estos altos cargos “conocieron o debieron conocer”. Ahora uno de estos imputados recoge el guante y demuestran que todos contribuyeron y nadie pudo denunciar un sistema de ayudas diseñado desde el año 2001 y que cada año bendecía el Parlamento. “Ni la Intervención General puso reparos suspensivos (...) ni la Cámara de Cuentas”, destaca el letrado.