El ‘número dos’ de la patronal apunta a Zoido en el fiasco de las VPO

El secretario general de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Antonio Carrillo, defendió ayer ante la juez la promoción de 583 viviendas VPO construida por la fundación vinculada a la CEA que Carrillo presidió, denunciada ante la justicia por un grupo de proveedores. Una multitud de manifestantes acosó y empujó al número dosde la patronal, acusado de estafa, a la entrada de los juzgados sevillanos. Los vecinos concentrados resultaron adjudicatarios de estas viviendas VPO, pero aún siguen a la espera dada la paralización de dos de las tres fases proyectadas, de ahí su enfado y acoso al dirigente de la CEA.

El expresidente de la patronal, que abandonó el cargo hace un mes, Santiago Herrero, también estaba citado por la juez como miembro de la promotora de las VPO, la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, pero alegó que tenía una cita médica para no acudir. Una primera denuncia sobre esta supuesta estafa ya fue archivada con anterioridad por la fiscalía.

Carrillo afirmó que la gestión financiera de la promoción de estas 583 viviendas, divididas en tres fases, han sido pagadas al 100% en sus dos primeras fases y del resto quedan menos del 5%. A continuación, defendió que no hubo intento alguno de estafa y atribuyó la paralización de las obras a los problemas que surgieron en la urbanización de los terrenos, con la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, gobernado por Juan Ignacio Zoido, la gestión de la hipoteca por parte de Caja Madrid [ahora Bankia] y a los concursos de acreedores que afectaron a otras constructoras como Dolmen o Vorsevi.

El imputado declaró que se limitaba a acudir como patrono a dos reuniones al año, una de rendición de cuentas y otra de memoria. “No se entraba en las profundidades sobre cómo iba la construcción de las viviendas”, matizó Carrillo, según fuentes judiciales. El cargo imputado solo respondió las preguntas de la juez y del abogado de Juan Salas, exdirectivo de la CEA e imputado asimismo en esta causa por supuesta estafa.

Carrillo puntualizó que intentó por todos los medios acabar la obra y “hasta que entró como presidente de la fundación en noviembre de 2012”, no habían surgido los problemas de financiación ni había signos de falta de liquidez.

El abogado de Carrillo, Eugenio Suárez Palomares, alegó: “Ha contestado a todo [Carrillo] y veremos qué se concluye de la denuncia”. Durante el interrogatorio, la juez le preguntó a Carrillo si sospechó que Dolmen se encontraba en una mala situación financiera, y el imputado respondió que esta era “una empresa puntera”.