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La juez acumula pruebas del amaño sistemático de contratos en Santiago

Miembros del gobierno local entregaron previamente a la empresa que resultó ganadora el pliego de condiciones del concurso para gestionar las multas de tráfico

El sumario del caso Pokémon ha situado bajo sospecha la mayoría de los contratos gestionados por el PP en Santiago nada más alcanzar el gobierno municipal, en julio de 2011. En algunos casos los amaños no llegaron a fructificar tras el abandono de Gerardo Conde Roa de la alcaldía al ser imputado por delito fiscal, en abril de 2012, como ocurrió con el servicio de abastecimiento de aguas, cuyo contrato el ejecutivo local había acordado con Aquagest prolongar esquivando el concurso público. Pero en otros la manipulación del proceso administrativo logró su propósito después del relevo de Conde Roa por Ángel Currás en la alcaldía. Así sucedió con el contrato para gestionar la recaudación de las multas de tráfico. Entre finales de 2011 y junio de 2012, el entonces concejal de Seguridad, Albino Vázquez Aldrey, y el que era jefe de gabinete de la alcaldía, Ángel Espadas, fueron suministrando bajo cuerda información reservada a la empresa catalana GRS que resultó decisiva para que esta se llevase el contrato. La compañía incluso fue consultada previamente sobre el pliego de condiciones que rigió el concurso.

 El máximo responsable de GRS, Álex Ros, imputado en la causa, envió el 1 de junio de 2012 dos SMS eufóricos a su amigo y antiguo compañero de trabajo José Luis Míguez, delegado de Aquagest en Santiago. “¡Hemos ganado, amigo y socio! No tengo palabras para agradecer tu trabajo”, escribió Ros, quien minutos después remachó a Míguez: ¡“Quiero chupártela! ¡Te lo mereces! Este mensaje es de Ángel”. Presumiblemente, Ángel es Espadas, a quien dos meses antes Currás había destituido como jefe de gabinete para a continuación ser contratado por Ros para continuar la labor de presión a favor de su empresa que ya había desempeñado en los meses anteriores desde dentro del Ayuntamiento.

En esa fecha, el concurso aún no estaba resuelto oficialmente, pero Ros había recibido la noticia en persona del edil Vázquez Aldrey durante una comida en un restaurante próximo al estadio de Riazor en A Coruña. Aldrey había rechazado reunirse con el empresario en Santiago porque, como le dijo en una conversación telefónica a Espadas: “No quiero líos”. El destinatario del entusiasmo de Ros era su antiguo compañero en Aquagest José Luis Míguez El Peseta, un personaje muy peculiar que, según revela el sumario, actuaba casi como un miembro más del gobierno compostelano. Gracias a su amistad con Espadas, Míguez no solo velaba por los intereses de su empresa sino que presionaba constantemente a concejales y funcionarios para beneficiar a otras compañías como GRS o Vendex y manejaba información privilegiada de los asuntos municipales. Tanto es así que en un momento del proceso de adjudicación del contrato de las multas, cuando el propósito de concedérselo a GRS parecía complicarse por dificultades técnicas, el tesorero del Ayuntamiento, Carlos Moure, reprocha a Míguez: “La culpa es tuya por dejar que tus amiguitos del PP metieran la mano en el pliego”.

Desde principios de 2012, tanto Espadas como Vázquez Aldrey, reforzados por las intrigas de Míguez, echaron el resto para que el contrato se lo llevase el empresario catalán. Espadas llegó a enviar a Ros un borrador del pliego de condiciones antes de que se convocase el concurso. “Si ves algo que se pueda cambiar, se cambia”, le comentó por teléfono su común amigo Míguez.

Los pinchazos telefónicos revelan que Espadas supervisó personalmente los cambios introducidos por Ros. Y en el pliego se incluyó lo que en las conversaciones entre ambos y con el concejal de Seguridad ellos mismos denominan una “trampa”: las bases recogerían la instalación de tres fotorrojos, un sistema que da la alarma cuando un coche se salta un semáforo cerrado y que en el concurso se puntuaría de forma muy favorable a las pretensiones de GRS. En las semanas siguientes, con la connivencia de varios funcionarios, se alteraron informes para beneficiar a la firma de Ros, que incluso tuvo acceso a las plicas y a las puntuaciones concedidas a las otras empresas concurrentes. Aun así, una de ellas presentó un recurso contra la adjudicación a GRS, lo que llevó a Vázquez Aldrey a reprochar a Ros: “Con la información que teníais, menudo pliego hicistéis”.

En las conversaciones intervenidas, tanto Ros como Míguez comentan que “Albino [el edil de Seguridad] se lleva una parte importante” del contrato. Los investigadores a las ordenes de la juez Pilar de Lara también concluyen que GRS repartió diversos regalos como invitaciones a fines de semana en Barcelona de las que se beneficiaron, entre otros, Espadas y los concejales Adrián Varela y María Castelao. “La empresa va a ganar mucha pasta”, le dijo en una conversación Espadas a Aldrey, “y el beneficio revierte tanto en ellos como en nosotros”.

 

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