Los bomberos exportan la protesta contra el modelo privatizador

La huelga de los bomberos privados de Galicia del pasado otoño puso de relieve el descontento de un colectivo que en 2013 acumuló calamidades laborales y operativas, con el ejemplo significativo del descontrol en la atención tras el accidente de tren de Angrois. La imagen del descontento cruzó la comunidad y puso en alerta a los profesionales del sector en todo el país, que por norma general se mantienen como trabajadores públicos. Grupos de varias comunidades han ido estableciendo contactos que dieron lugar la semana pasada a una reunión en Madrid de la que salió la decisión de crear una coordinadora para hacer frente a los intentos más o menos velados de extender al este el modelo gallego.

Poco queda de la huelga de los 23 parques gallegos privados —solo los de las ciudades y el de Silleda siguen siendo públicos— pese a que formalmente sigue vigente. Aunque la incidencia era escasa porque los servicios mínimos eran prácticamente idénticos a los turnos habituales, dos de las tres concesionarias de parques, Veicar y Matinsa, se allanaron a las reclamaciones de los trabajadores. Solo Natutecnia, que gestiona seis centros (Santa Comba, Cee y As Pontes en A Coruña; Monforte, Sarria y Chantada en Lugo) sigue en sus trece. Pero respecto a la razón última del paro, la reclamación de que se cumpla la ley de emergencias de 2007 que manda establecer un reglamento del bombero profesional, no ha habido avances. Obligaciones incumplidas que se expusieron en el encuentro madrileño, en que cada grupo expuso sus experiencias, diversas dependiendo de la región. En Madrid, los bomberos que actúan en incendios forestales están desde hace más de una década en manos de Matinsa, la empresa que precisamente el año pasado se hizo con la gestión del consorcio de bomberos de Pontevedra, sustituyendo a la muy polémica Celtaprix. El resto continúan siendo empleados públicos, pero temen un proceso privatizador por fases que sus compañeros gallegos comparan con el del Sergas. “El servicio de formación ya está privatizándose”, señala José Luis Pareja, uno de los asistentes al encuentro y bombero de uno de los parques de Veicar en A Coruña, que representa a través del Sindicato Independente de Bombeiros de Galicia (Sibgal).

El enfado también partía en buena medida de un episodio sucedido el pasado noviembre en Salamanca, cuando 16 trabajadores de un parque público decidieron protestar contra la construcción de una torre de entrenamiento que consideraban innecesaria y mucho más cara de lo que su coste real indicaba. Salieron escaldados y con un expediente sancionador que enardeció a compañeros de todo el país e hizo germinar la idea de la coordinadora estatal que ahora echa a andar.

Más al sur, en Andalucía, preocupa el fenómeno de los bomberos voluntarios, que en principio no cobran pero que a base de gratificaciones ocasionales y complementos están sustituyendo en la práctica a los profesionales, según se denunció en la reunión.

Ese encuentro en la capital mostró otras peculiaridades individuales de los bomberos gallegos. Fue muy aplaudido el trabajador de A Coruña que hace un año se negó a colaborar en el desahucio de una anciana, según cuenta Pareja, que también explica el interés de los compañeros en el relato de uno de los primeros profesionales en llegar a Angrois tras el accidente de tren del pasado 24 julio y cuya descripción contrasta con la versión idílica del dispositivo de rescate que ofreció la Vicepresidencia de la Xunta.

El frente gallego sigue abierto, en todo caso, habida cuenta que la ley de 2007 sigue sin cumplirse. La última reclamación por escrito a la Xunta en ese sentido recibió una respuesta genérica a finales de diciembre, en el sentido de que la tarea era ardua y llevaba tiempo. Ante esto, los bomberos estudian una reclamación judicial. Mientras tanto, en Natutecnia las negociaciones no acaban de fructificar, según explica Carlos Sayar, delegado de Sibgal, por problemas sobre las coberturas en caso de baja y sobre las funciones que tienen que cumplir los trabajadores, que en ocasiones se alejan de lo que se supone que hace un bombero, como “limpiar el parque, barrer la gravilla del exterior o desbrozar las zarzas”. A la espera de que se zanje el conflicto, los compañeros de los parques que ya pactaron esperan al menos más estabilidad en esta nueva etapa de la pelea por su reconocimiento profesional, como expresa Alberto González, delegado de UGT en el parque de O Salnés: “Después de cinco años sin convenio ya era hora de algo de tranquilidad”.