La Cámara de Córdoba paga a la patronal facturas sin detallar

Quienes conocen al presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, recuerdan todavía las palabras y promesas con las que llegó a ese cargo en 2010: “Vamos a abrir las ventanas y a levantar las alfombras”. Tres años y nueve meses después, las tensiones internas son patentes y públicas. Y los aires de renacimiento de la institución no han sido percibidos por una parte considerable de la cámara. Dentro de la entidad hay quien ve con malos ojos que, en plena crisis económica interna, se mantengan pagos regulares a la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) por servicios, algunos de ellos, sin justificar o justificados a posteriori. El último de ellos es un abono a CECO realizado mediante un cheque del Banco Santander por valor de 45.000 euros del pasado 29 de octubre. El cheque carece de concepto.

Estas fuentes críticas censuran el uso personal que se le ha dado en ocasiones a la institución por parte de sus dirigentes, además del gasto, que consideran desmesurado, en viajes al extranjero y “otros de imposible o dudosa justificación por parte de la cúpula y sus familiares”, señalan fuentes internas.

La llegada del presidente de la Cámara de Comercio en 2010 coincidió con el cambio de la ley que regía a estas entidades eximiendo a las empresas, a partir de entonces, de pagar el recurso cameral permanente. Los tributos anuales de los empresarios suponían, hasta entonces, la principal fuente de financiación de estos organismos. Aquello obligaba a repensar qué tamaño, funciones y vías de ingresos económicos debía adoptar la cámara para el futuro inmediato.

En el caso de Córdoba, en seguida se levantaron las primeras voces internas reclamando que, para empezar, se suprimiesen los pagos periódicos de la cámara a CECO por una serie de servicios como el Informe anual sobre los tributos locales en la provincia de Córdoba que cada año suponía una salida de 45.000 euros y que en la jerga de la cámara se conocen como kikis o el pesebre.

Muchos de estos pagos se efectúan antes de que se adjudiquen, incluso antes de que se establezcan las bases de la convocatoria pública. Un requisito necesario, al tratarse de fondos públicos. Y todo ello, cuando la cámara arrastra un déficit de 2,2 millones y los 33 empleados han visto recortar sus salarios linealmente una media del 13,5%.

Los pagos a CECO y a las organizaciones patronales afines a su presidente, Luis Carreto, se han ido repitiendo con los años. Carreto fue quien propuso a Fernández de Mesa como presidente de la cámara, después de enfrentarse a su anterior auspiciada, María Dolores Jiménez Aguilar, a quien sustituyó tras un conflictivo proceso electoral. Según la documentación contable del organismo, solo entre el 1 de agosto de 2008 y el 16 de noviembre de 2012 se destinaron 282.000 euros en ocho pagos. Además de las cantidades entregadas directamente a la Confederación de Empresarios de Córdoba, fuentes de la cámara señalan que constan abonos a asociaciones empresariales cercanas a la cúpula de la patronal, como las de joyería, alfarería y la del campo, que preside el mismo Fernández de Mesa. Este diario contactó con el presidente, quien declinó responder.

Estos fondos han salido con goteo de unas arcas cada vez más exiguas, debido a la supresión del recurso cameral permanente. Pero el tamaño de la Cámara de Comercio de Córdoba no ha menguado y no parece que vaya a hacerlo. Si en 2011, con el recurso cameral vigente, se ejecutó un presupuesto de 2,8 millones, en 2014 se ha previsto gastar 2,6 millones, a pesar de no haber aclarado qué plan de financiación y viabilidad lo garantizan. Desde 2010, la cámara ha sobrevivido gracias a los ahorros de cinco millones que la anterior presidenta acumuló para la construcción de una nueva sede y que, finalmente, nunca vio la luz.

La primera y más cerrada crítica que se hizo a estas partidas regulares a CECO provino del entonces secretario de la cámara, José Enrique Fernández de Castillejo. En el acta del comité ejecutivo de la cámara del 8 de febrero de 2011 consta que el secretario se opuso a que se mantuvieran estos pagos “en razón de la incertidumbre económica que planea sobre la corporación”, dijo en alusión a la reforma de la ley hecha por el anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

El exsecretario aseguró entonces que la entidad “habrá de ajustar al máximo todos esos gastos desde ya y en varios ejercicios venideros, ya que las reservas que tiene pueden no ser suficientes para salvar los déficit anuales que se prevén”. Pese a esta clara advertencia, se aprobó por unanimidad el pago por dicho estudio. Unos meses después, José Enrique Fernández de Castillejo, tras décadas en la cámara como secretario, fue cesado de su cargo.