La política variable del PP

Lunes, 24. Club Siglo XXI en Madrid. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, anuncia sus tres grandes prioridades para lo que queda de legislatura: Lucha contra la corrupción, contra el desempleo y reforma electoral. Viernes, 27. Pleno del Consell en Alicante.

El portavoz del Gobierno valenciano, José Ciscar, matiza el discurso de Fabra. Se luchará contra la corrupción, aunque eso le suponga al PP quedarse en minoría en las Cortes Valencianas. Pero el rigor no será igual para todos. A Milagrosa Martínez se la expulsará ipso facto del grupo parlamentario si no abandona voluntariamente su escaño.

Al exalcalde Alicante, Luis Díaz Alperi, se le guardará respeto hasta que se le abra juicio oral. Y a la actual alcaldesa de esta ciudad, Sonia Castedo, con quien Ciscar ha llegado a un pacto, se la aguantará hasta donde haga falta con independencia de que su situación política sea complicada. Solo si permanece imputada cuando se convoquen las elecciones municipales será apartada de la candidatura del PP. Así de variables y de móviles son las líneas rojas que traza el PP cuando de luchar contra la corrupción se trata.

El vicepresidente del Consell explicó la diferencia con que se abordan los diferentes casos en función de la Ley Electoral. Ciscar aseguró que con la actual legislación “ni el presidente Fabra, ni el presidente de ningún partido y ni siquiera el Consejo de Ministros tienen facultades para actuar en los grupos municipales porque las actas son personales y son los concejales los que tienen que tomar las decisiones”.

El mismo argumento que se utilizó en su día para explicar la pasividad a la hora de tomar decisiones sobre los diputados que se encuentran incursos en procesos judiciales. Todas las actas son personales: en los ayuntamientos, en las Cortes Valencianas, en el Congreso de los Diputados o en el Senado. En el grupo parlamentario popular, tras la dimisión de Angélica Such, aún quedan siete diputados imputados, unos por el caso Gürtel y otros por el caso Brugal.

Ciscar: “A los grupos municipales no les podemos imponer nada”

Alberto Fabra, el lunes pasado, anunció “un cambio profundo en el sistema electoral”. No dijo cuándo iba a entrar en vigor esa reforma. Lo hizo por él el vicepresidente en la referencia del pleno del Consell. Las modificaciones, caso de que se llegara a un acuerdo con la oposición, “no se están planteando para las elecciones de 2015”, aunque al PP le gustaría que estuvieran cerradas para esa fecha.

Ciscar añadió que el anuncio presidencial “es una propuesta marco, dentro de la cual se puede hablar de muchas cosas, pero respetando el espíritu de la propuesta que es de proximidad y cercanía y de que al menos un tercio de los diputados se elijan en listas abiertas y que todas las comarcas o partidos judiciales tengan al menos un diputado por elección directa”.

Respecto de la primera de las prioridades establecidas por el presidente en su conferencia del Siglo XXI, la lucha contra el desempleo, el Consell, a juzgar por la rueda de prensa, no tomó ayer ninguna iniciativa.

El vicepresidente, preguntado por el aeropuerto de Castellón, aseguró que la infraestructura “ha entrado en la última y definitiva fase para su apertura”. SNC-Lavalin, la empresa canadiense que se encargará de la gestión, ha presentado toda la documentación y el próximo lunes el consejo de administración de Aerocas se reunirá “para elevar la preadjudicación a adjudicación definitiva para proceder de inmediato a la firma del contrato”.

Ciscar garantizó la solvencia de Lavalin sobre la base de que se trata de una empresa que gestiona aeropuertos en cuatro continentes y que, según dijo, “tiene una experiencia muy grande en infraestructuras aeroportuarias y en gestión y construcción de esas mismas infraestructuras”.

La anulación por parte de la UE del llamado céntimo sanitario también mereció la atención en la referencia del pleno del Consell. El portavoz del Gobierno valenciano se mostró convencido de que la decisión de la justicia europea, “en principio”, no tendrá ninguna afectación sobre los presupuestos de la Generalitat. Según Ciscar la Consejería de Hacienda opina que la Comunidad Valenciana “no tiene que asumir la posible devolución de ninguna cantidad” puesto que se trata de un tributo estatal cuyos rendimientos estaban cedidos a las autonomías. En cualquier caso el portavoz se mostró convencido de que habrá “una coordinación” con el Estado.