Castedo, ausente del pleno al aprobarse el pago de facturas a Ortiz
El PP valida un reconocimiento de crédito de 23,5 millones, de los 11,5 serán para el promotor
El equipo de Gobierno del PP en Alicante ha aprobado en solitario en el pleno municipal del mes de febrero una primera modificación del presupuesto para este 2014 por valor de casi 25 millones de euros y un reconocimiento extrajudicial de créditos -en concepto de gastos de ejercicios anteriores-, por valor de 23,5 millones de euros, para pagar a proveedores.
La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, no ha estado presente en la votación de esos dos puntos, previstos para el inicio del pleno, por motivos personales relacionados con su embarazo, según fuentes municipales.
Precisamente el grupo municipal de Esquerra Unida había pedido su "recusación" esta misma semana dado que gran parte de las facturas que se abonarán con ese "reconocimiento" son deudas con el empresario Enrique Ortiz, imputado junto a Castedo en una de las piezas separadas del caso Brugal, en el que se investigan presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana.
Ley mordaza
Por otro lado, la oposición ha apoyado en bloque la moción presentada por el grupo socialista para la aprobación de un reglamento municipal de comunicación y transparencia informativa tras la decisión de Alcaldía de impedir, de acuerdo con la ley de Protección de Datos, a la oposición acceder al Registro directamente, sino que debe tramitarse una petición que ha de ser concreta.
Desde el PSPV, Ull ha aseverado que se trata de una normativa "censora y arbitraria", al tiempo que ha criticado que las peticiones están siendo denegadas de manera "indiscriminada" y "sin motivación".
Por su parte, Marta García-Romeu, portavoz del equipo de Gobierno, ha reiterado que "en ningún momento se ha vetado el acceso a la información" y que tan solo "se ha modificado su acceso". Romeu ha argumentado que la decisión se tomó tras emitir un informe la Vicesecretaria General sobre la posibilidad "de no estar cumpliendo la Ley de Protección de Datos" al estar poniendo a disposición "información de particulares".
Los cuatro partidos del Consistorio sí se han puesto de acuerdo en retirar la condición de urbanizador a la empresa adjudicataria de la reurbanización del Plan Parcial Benalúa-Sur. La oposición a demandado al equipo de Gobierno que "ahora, más tiempo" se debería hacer una mejor planificación del proyecto, "reformándolo desde cero", protegiendo elementos patrimoniales y construyendo viviendas sociales
En ese sentido, el portavoz de EU, Miguel Angel Pavón, ha celebrado que la alcaldesa no haya estado presente en la votación y ha recordado que "la mitad del dinero --11,5 millones de los 23,5 reconocidos--, va a empresas" de Ortiz "mientras la ciudad está hecha unos zorros".
Además, Pavón ha propuesto al equipo de Gobierno que use los cinco coches fúnebres que debe comprar el consistorio --obligado por una sentencia judicial como contrapartida en una indemnización por la paralización de las obras del crematorio del barrio de Babel--, a modo de ofrecer "a la ciudadanía un preludio del fin del ciclo político de su gobierno en la ciudad".
"Bajeza moral"
El concejal de Hacienda, Juan Seva, ha tildado el discurso de Pavón de "mal gusto", "ramplón" y "sucio". "Este pleno no se merece su bajeza moral. Se lo digo con dolor porque en política hay ciertos límites que no se deben traspasar. Porque todos somos personas. A no ser que quiera romper la convivencia", ha indicado Seva, tras oír cómo Pavón le llamaba "lacayo de la señora alcaldesa".
El concejal de Hacienda ha ido más allá y en una de las réplicas ha insistido en que "lleva años descalificando a este equipo de Gobierno y en especial a la alcaldesa de Alicante" y "no solo eso, sino que usted ha apoyado todas aquellas situaciones que han degenerado en acciones violentas en esta ciudad", en referencia a la inauguración del AVE donde "lanzó piedras contra la Policía Nacional".
Una acusación que Pavón ha anunciado estudiará para "presentar una querella contra ustedes --en referencia a Seva, García-Romeu y Castedo-- por calumnias", después de afirmar que es falso que tirara ninguna piedra, aunque ha reconocido que participó "pacíficamente" en una concentración para "pedir una estación intermodal" y "en todo momento junto a una pancarta".
El concejal de UPyD, Fernando Llopis, ha calificado al consistorio alicantino como "monstruo de las galletas" porque "gasta más que ingresa" y ha aventurado que "ahora pagaremos las facturas" para dentro de unos años "pedir otro préstamo".
Según el concejal de la formación magenta, "la modificación viene a ser la culminación del descontrol financiero" y ha apuntado que "el equipo de Gobierno ha demostrado en estos dos años que no es capaz de hacer frente a la gestión diaria".
Por su parte, el portavoz del PSPV, Miguel Ull, ha señalado que "es una alteración más de la gestión" que lleva "desde el principio de legislatura" y que viene a incrementar "el gasto financiero y amortizaciones de crédito".
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