El Síndic destaca la obstinación de Blasco en avalar las ayudas desviadas

El Síndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt, abrió este viernes otro agujero en la defensa del exconsejero y diputado autonómico Rafael Blasco en el juicio por el saqueo de las ayudas a la cooperación en el Tercer Mundo. Queralt contó que durante la revisión que la Sindicatura hizo de las subvenciones a la Fundación Cyes supuestamente desviadas, se indicó al entonces consejero y portavoz parlamentario del PP que la entidad debía devolver el dinero recibido al “no haber justificado” el destino de los fondos.

Los 1,6 millones recibidos en 2008 por Cyes debían servir para proyectos de desarrollo en Nicaragua pero sirvieron para comprar pisos en Valencia. Una vez que el escándalo saltó a la prensa y fue denunciado por las diputadas Clara Tirado y Mireia Mollà, en 2010, la consejería anunció que había rechazado las facturas de los pisos y que la entidad había aportado nuevos justificantes de pago. El departamento de Blasco admitió estos por un importe de 1,16 millones de euros. La Sindicatura, en reuniones que llegaron a extenderse durante tres horas, insistió a la consejería que las nuevas facturas no eran válidas. El motivo: el dinero deja rastro y en este caso, pese a la documentación que aportó por Cyes y admitió la consejería, nada demostraba que hubiera llegado a Nicaragua.

“El auditor siempre entendió que si las nuevas facturas venían a sustituir justificantes, tenían que demostrar el movimiento del dinero, y eso no lo vimos a lo largo del proceso”, explicó Queralt.

La normativa de subvenciones obligaba al receptor a tener una cuenta bancaria destinada específicamente a ellas. Cyes la tenía. Sus movimientos reflejaban que la entidad gastó el dinero recibido en comprar pisos y pagar por servicios supuestamente falsos al cabecilla de la rama civil de la trama, Augusto César Tauroni, hasta dejar la cuenta a cero.

Cyes aportó después de descubrirse el caso una pila de facturas de Nicaragua por supuestos gastos de los proyectos. Queralt señaló este viernes que ese dinero no había salido de la cuenta de Cyes vinculada a los proyectos de cooperación. Y que ni la entidad ni la consejería aportaron tampoco otra cuenta bancaria o medio de pago que demostrara que la fundación había realizado esos pagos. “Nos tenían que haber demostrado de dónde salía el dinero”, declaró el síndic. Una vez que consideró que el gasto no estaba justificado, la Sindicatura no se detuvo a investigar si las facturas, como sostiene la fiscalía, eran falsas.

El responsable del organismo fiscalizador señaló que Cyes tampoco cumplía con el requisito de experiencia previa, y que la documentación con la que la consejería pretendía darla por acreditada —un informe jurídico externo— era “débil”. La falta de experiencia fue el argumento que llevó a tres técnicos y a una directora general a oponerse, en 2008, a que se concedieran a Cyes los 1,6 millones de euros de subvenciones. Los cuatro han declarado en el juicio que Blasco les presionó para que cambiaran de opinión.

La declaración de Queralt evidenció, por otra parte, la debilidad institucional valenciana. Incluida la de la Sindicatura. Su responsable desde hace una década afirmó este viernes que no pidieron en su informe que la consejería reclamase la devolución de las ayudas —algo que sí hizo en un voto particular el síndic Antonio Mira Perceval— porque prefirieron ser “fléxibles” y limitar su dictamen a recomendaciones. Queralt admitió que tampoco hicieron seguimiento de si sus recomendaciones se cumplieron porque ni las Cortes —en las que Blasco era portavoz del grupo parlamentario— ni la consejería —que dirigía Blasco— pidieron que se hiciera.