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El PP vota contra la paralización de las prospecciones petrolíferas

El Congreso tumba las propuestas de resolución presentadas por PSOE y la Izquierda Plural

El PP ha votado este jueves en contra de las propuestas de resolución presentadas por PSOE y la Izquierda Plural con las que reclamaban la paralización de las prospecciones petrolíferas en Canarias, Baleares, Comunidad Valenciana y Andalucía.

El diputado de Compromís, Joan Baldoví, reclamaba el fin de las prospecciones petrolíferas en el mar Mediterráneo, así como la búsqueda de gas e hidrocarburos mediante la técnica del fracking o fractura hidráulica en Castellón, al tiempo que se abordase el desmantelamiento de la plataforma de almacenamiento de gas Castor.

La formación quería que se acordara el cierre definitivo de la central nuclear de Cofrentes (Valencia), junto con un plan de inversiones para la comarca, basado en la sostenibilidad y la creación de empleo.

No a la reapertura de RTVV

El Congreso de los Diputados ha tumbado también, con el voto del PP, una resolución que pedía la "reapertura inmediata de las emisiones" de la Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), que el presidente Alberto Fabra cerró el año pasado por razones económicas.

La iniciativa, que había presentado en el Debate sobre el Estado de la Nación Baldoví, sólo obtuvo 23 votos a favor, recibió 181 votos en contra (de diputados del PP) y contó 124 abstenciones, incluidas las de los parlamentarios del PSOE.

El texto de la iniciativa contenía un total de 14 peticiones para que el Gobierno mejore las inversiones en esta comunidad autónoma y lleve a cabo una "auditoría ciudadana independiente" de las cuentas de la Generalitat, gobernada por el PP desde hace dos décadas.

Además, pedía el "pago de la deuda histórica" de la Administración General del Estado con esta región, que cifra en 13.449 millones de euros durante el periodo 2002-2012 a partir de los estudios realizados por un comité de expertos.

La propuesta de resolución solicitaba autorización para una consulta ciudadana sobre "la política de privatización de la gestión sanitaria a través del modelo de concesiones a empresas privadas y de adjudicaciones de parte de los servicios que se prestan en el ámbito de la salud".