Feijóo apuesta por mantener el gobierno local de Santiago pese a los escándalos

Con 10 de los 13 concejales del grupo de gobierno imputados en diversos casos y una guerra interna en el PP que se tradujo incluso en acusaciones mutuas en el juzgado, el Ayuntamiento de Santiago vive en una tormenta permanente, todavía con un año por delante hasta las próximas elecciones municipales. Pero el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, zanjó ayer el debate abierto sobre la posibilidad de disolver la corporación municipal. “No se dan los requisitos suficientes para tomar esa medida traumática”, apuntó Feijóo, quien señaló que la intervención de la Xunta en el Ayuntamiento iría contra la “proporcionalidad y la responsabilidad”.

 Feijóo equiparó la situación de Santiago con la de otros dos municipios salpicados por la Operación Pokémon, Lugo y Ourense, para concluir que en ninguno de los tres se dan las circunstancias que justificarían una solicitud de la Xunta ante el Consejo de Ministros a fin de disolver las respectivas corporaciones. Y recordó que solo en casos extremos, como fue en su día el de Marbella, el Gobierno accedió a tomar tal medida.

El ejecutivo de Santiago, peleado de tal modo que algunos ediles del PP incluso admitieron ante la juez del caso Pokémon que no se hablan con el alcalde, Ángel Currás, se enfrenta ahora a otro complicado examen judicial. Una juez ha iniciado los trámites para procesar a siete concejales, acusados de prevaricación por acordar que el Ayuntamiento costease los gastos de defensa de su compañero Adrián Varela, imputado en la Pokémon. Según el código ético del PP, deberían dimitir si fuesen procesados, pero Feijóo no quiso confirmar ayer si se aplicará esa norma interna llegado el caso. La cúpula de los populares gallegos está convencida de la inocencia de los ediles, ya que alega que tomaron la decisión a partir de un informe jurídico del secretario municipal.

El presidente tampoco va a aplicar otra norma, explicitada por él mismo el pasado miércoles en el Parlamento, contra los alcaldes de dos municipios de la Costa da Morte, Fisterra y Mazaricos, imputados en el caso Orquesta. Feijóo había dicho en la Cámara que obligará a dimitir a los cargos de su partido implicados en asuntos de corrupción siempre que algún juez adopte contra ellos medidas cautelares. En ese supuesto entran los regidores de Fisterra y Mazaricos, pero el presidente alega que esas medidas fueron tomadas hace tres años y que, en ese periodo, ambos renovaron sus cargos en las elecciones.

Feijóo hizo un llamamiento general a que no se alimenten “más sospechas sobre la política” y a que los partidos presenten propuestas contra la corrupción en una comisión creada en el Parlamento con ese objetivo.