Esquerra fuerza a CiU a aumentar los controles sobre las fundaciones

El pacto de legislatura entre CiU y Esquerra ha llevado a los nacionalistas a rebobinar sus pretensiones iniciales y aumentar el control que ejecerá la Generalitat sobre las fundaciones y asociaciones de utilidad pública. Las medidas concretas se plasmarán en el proyecto de ley de protectorado de las fundaciones que ayer pasó el primer trámite en el Parlament con el beneplácito de los nacionalistas a introducir enmiendas.

El proyecto mejora el texto que se barajó hace dos años, según coincidieron en señalar los representantes de ERC y PSC, y establece mecanismos de transparencia de las cuentas y del uso del dinero de esas entidades para hacer más difícil que se repita el caso del Palau de la Música, en que se utilizó una fundación para facilitar el saqueo. La primera regulación legal para que las fundaciones privadas dejasen de ser una jungla la realizó el tripartito en 2008 con la modificación del Libro Tercero del Código Civil. Pero en cuanto CiU recuperó la Generalitat y gracias al apoyo que entonces le brindaba el PP, se modificó aquella ley en 2012 y se relajaron los controles.

Una de las modificaciones que entonces se aprobó permitía a los patronos tener relaciones laborales o profesionales con la fundación a la que pertenecen si se demostrada la necesidad y la prevalencia de los intereses de la entidad. En la práctica se les abrió la puerta a que se lucrasen a costa de la fundación, siempre que firmasen un contrato que lo justificara y se concretasen los trabajos que harían.

El proyecto de ley mantiene ese privilegio, aunque la diputada de Esquerra Gemma Calvet se mostró dispuesta a recoger las enmiendas que pueda presentar la oposición. “Hay recursos públicos y donaciones privadas que se han usado mal y esto se tiene que acabar”, declaró el diputado del PSC Ferran Pedret. Con todo, admitió que el proyecto de ley supone un avance porque por primera vez se regula el protectorado, que es el organismo que ha de controlar las fundaciones y asegurar que se dedican al fin que proclaman defender y no sirven para encubrir intereses privados y económicos sin dar explicaciones.

El texto obliga a las fundaciones a hacer públicas sus cuentas anuales, de manera que se las podrá sancionadar si no cumplen ese trámite. También será obligatorio que se publiquen en la web de la fundación o de las asociaciones declaradas de utilidad pública las informaciones relevantes que les afecten, como su estado financiero, los contratos y licitaciones que realizan, los concursos a los que se presentan y las actividades que desarrollan.

El PSC y el PP presentaron sendas proposiciones de ley al proyecto que acabaron retirando ante la voluntad negociadora de CiU. Los socialistas quieren que el Protectorado pueda llevar a la fundación a los tribunales si desvía fondos.