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Blasco se aferra al privilegio del diputado para anular el ‘caso Cooperación’

Su defensa trata de demostrar que el exconsejero fue siempre objetivo principal de la investigación

Rafael Blasco en las Cortes Valencianas en 2010, tras estallar el escándalo por el desvío de ayudas al Tercer Mundo.
Rafael Blasco en las Cortes Valencianas en 2010, tras estallar el escándalo por el desvío de ayudas al Tercer Mundo.

El abogado de Rafael Blasco, exconsejero, exportavoz del PP y diputado autonómico, que estos días es juzgado por haber desviado supuestamente ayudas al Tercer Mundo, sigue buscando caminos para tumbar la causa. El letrado Javier Boix interrogó este martes largamente a los tres miembros de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que realizaron las escuchas.

La finalidad: demostrar que la policía, el fiscal y la juez evitaron premeditadamente reconocer que Blasco era objetivo principal de la investigación durante el primer año y medio de caso porque ello les hubiera obligado a trasladar la causa al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), socavando así las pesquisas que en el trámite habrían dejado de ser secretas. Blasco solo podía ser imputado por el TSJ por su condición de aforado como miembro del Consell y diputado.

“¿Estaban investigando al señor Blasco. Sus primeros informes lo sitúan en la diana?”, preguntó de diversas maneras el abogado a los tres agentes. Los policías respondieron siempre que no. El letrado puso de manifiesto que desde muy pronto los informes policiales aluden al exconsejero como personaje principal del caso y como la persona que presionó a los funcionarios para que concedan las subvenciones supuestamente malversadas, indicando que así constaba en las denuncias de las diputadas Clara Tirado y Mireia Mollà que dieron origen a la causa.

Fuentes jurídicas apuntan que  no tendrá recorrido porque la juez podría incluso haber pinchado su teléfono

Boix subrayó que en los albores de la investigación la policía ya destacó que el cabecilla de la parte civil de la trama, Augusto César Tauroni, había tenido negocios con un hermano de Blasco. “¿Por qué lo mencionan si el señor Blasco no estaba sujeto a investigación?”, inquirió. Los agentes respondieron que se analizaron todas las relaciones societarias previas de Tauroni, no específicamente las de Blasco.

La estrategia de Boix puso de manifiesto las distorsiones que produce la figura del aforamiento en investigaciones donde el trabajo en secreto es clave para armar las acusaciones. Fuentes jurídicas apuntaron, sin embargo, que no tendrá recorrido porque el juzgado de instrucción podría haber investigado efectivamente a Blasco, incluso pinchando su teléfono, sin elevar la causa previamente al TSJ. Algo que solo tendría que haber hecho, según ha establecido el Tribunal Supremo, tras constatar en su actuación indicios sólidos de delito.

El Supremo, añaden las fuentes, devuelve regularmente a los juzgados de instrucción las investigaciones que le son remitidas por aparecer en ellas aforados salvo en aquellos casos en los que su participación delictiva está ya muy definida. La imputación de Blasco se produjo en verano de 2012, y la juez del TSJ que se hizo cargo de la causa aún continuó investigando otro año antes de dar por concluidas las pesquisas.