Arias se escuda en el Banco de España para defender su gestión en el Pastor

“Sin comentarios”. “Hay que dejar que los tribunales hagan su trabajo”. Fueron las únicas palabras musitadas por José María Arias Mosquera, el expresidente del Banco Pastor —hoy integrado en el Popular— tras comparecer ayer como imputado en la causa abierta por el juzgado número 3 de A Coruña por cinco delitos. Todo partió de la querella de un pequeño accionista residente en Barcelona que acusa a la cúpula de la entidad de montar una “trama financiera parecida al juego de los trileros” para ocultar la quiebra del banco y “maquillar” sus cuentas captando dinero con acciones y participaciones preferentes para afrontar los millonarios impagos de inmobiliarias propiedad del propio Pastor.

 La Fiscalía ni siquiera acudió a la declaración de Arias para plantearle preguntas. El banquero, imputado al igual que su exconsejero delegado Jorge Gost —su citación fue aplazada hasta el 28 de marzo— accedió a contestar a todas las preguntas de la juez. Pero se escudó invariablemente en que el Pastor actuó “en base a normativas y a recomendaciones del Banco de España” para justificar las actuaciones que centran la denuncia. “Algunas de esas recomendaciones se van transformando con el paso del tiempo en decretos de Guindos [Luis, ministro de Economía]”, arguyó el directivo, según la versión de Carlos Deutu, abogado del querellante. Todas las decisiones del banco por las cuales han sido imputados sus principales directivos —la juez tiene previsto oír en breve al resto del consejo de administración— se adoptaron, insistió Arias durante las cuatro horas de declaración, en el convencimiento de que eran “lo mejor para la entidad y para el país”.

Para los representantes del querellante, el bufete Frade y Gobeo, sus acusaciones se sostienen íntegras tras oír el testimonio de Arias. Mantienen que sigue siendo cuanto menos “no razonable”, y en todo caso ilegal, que el Pastor, entre 2008 y 2010 —como mínimo, según la documentación del Registro Mercantil— dedicase los ahorros captados con emisiones de preferentes o nuevas acciones a pagar los créditos millonarios concedidos a una docena de inmobiliarias propiedad del propio banco que tenían tantas deudas y nulos ingresos que no solo no podían obtener préstamos bancarios, sino que deberían haber sido disueltas. Las “circulares con recomendaciones” del Banco de España sobre sociedades participadas por bancos son, destacó el catedrático de Economía que asesora al querellante, Iñaki Frade, posteriores a la “operativa fraudulenta” denunciada. Frade explicó que el fraude del que se acusa al Pastor difiere del “negocio piramidal” que es la esencia de los bancos: captar ahorros para prestar a otras empresas y clientes.

“Una cosa es eso y otra que se permita coger dinero de la gente para inmobiliarias con pérdidas gigantescas que nunca podrán pagar ni devolver”, insistió. Y recordó que, como argumenta la querella, esas inyecciones de fondos no se reflejaban en las cuentas, dando “apariencia de solvencia” a un banco que en realidad estaba en números rojos, lo que atraía a pequeños ahorradores y además garantizaba a los directivos cuantiosos dividendos y bonos anuales. La propia Comisión Nacional de Valores, al culminarse la venta al Popular en octubre de 2013, reconoció que el valor neto de la entidad coruñesa era negativo en 497 millones de euros.