Una estrategia irracional

La que está desarrollando el PSOE de cara a las elecciones europeas otorgando centralidad al anteproyecto de ley del aborto. Para que esa estrategia fuere racional sería necesario, en primer lugar, que la cuestión ocupara una posición relevante en el conjunto de los problemas que aquejan a los españoles; en segundo lugar, que el mismo ocupara un lugar destacado entre las preferencias y preocupaciones del electorado propio, del territorio de caza para entendernos, al efecto de facilitar su movilización; en tercer lugar que el análisis subyacente a la legislación existente que se trata de modificar fuere correcto, y, finalmente, que la propuesta engranara bien con el resto de las propuestas, actuales o potenciales, de la socialdemocracia. Nada de esto sucede. Veamos.

Por de pronto, hay que anotar que la reforma de la regulación de la IVE ocupa un lugar muy bajo en la percepción de los problemas que tiene el conjunto del electorado. En el reciente barómetro de enero del CIS la ley del aborto ocupa el puesto 27, preocupando al 0,2% de los encuestados (a groso modo unas 90.000 personas). Lo que supone el 0,2% de quienes recuerdan haber votado PP, al 0,4% de quienes recuerdan haber votado PSOE y al 0,7 de quienes recuerdan haber votado IU/ICV, del resto nada. Si pasamos a considerar no los problemas que preocupan, sino los que personalmente afectan la cuestión ocupa el lugar veintitrés, con el 0,5 de las respuestas, que corresponden a un 0,3% del recuerdo de voto del PP y un 0,2% del recuerdo de voto del PSOE. Una preocupación masiva como se ve.

Si contemplamos el problema en términos de clase, toda vez que el PSOE es una formación política que trae causa del conflicto de clases, lo que permite entender porqué su castillo roquero electoral viene determinado por los trabajadores por cuenta ajena que se mueven en la esfera de influencia de los sindicatos, las cosas no son muy diferentes: la cuestión del aborto es relevante para el 0,4% de los miembros de clase alta/media alta y el 0,5% de los de las nuevas clases media, no existiendo para los demás.

Si de la percepción del problema pasamos a la afectación personal el resultado es como sigue: clase alta/media alta 1,1%, nuevas clases medias 0,5%, viejas clases medias 0,3%; obreros cualificados 0,4% y no cualificados: 0%. Lo que no debe extrañar: se ajusta como un guante hecho a medida a los datos de autoidentificación religiosa cuando estos se desagregan por clase social. Como puede verse una demanda fuertemente enraizada en el territorio de caza del partido socialdemócrata.

Como la estrategia en cuestión está orientada a la defensa de la ley en vigor, la ley Aído, reposa sobre la adecuación y corrección del análisis que a esta subyace y la fortuna de su redacción. Basta la mera lectura de la ley en vigor para constatar que la misma presupone que el aborto no es un problema cuantitativamente importante, que afecta primariamente a las mujeres jóvenes y adolescentes, razón por la cual casi la única política pública de protección que contempla gira en torno a la educación sexual.

Pues bien, el mundo no es así: la tasa de abortos sobre embarazos se sitúa en el entorno del 24/25%, de tal modo que de cada cinco embarazos uno finaliza mediante IVE (el 22,00 en 2007 y el 24,78 en 2012, último año con datos), el aborto juvenil (mujeres de hasta 20 años) que era 13,65 del total en 2007 ha caído al 12,15 en 2012, siguiendo una pauta descendente que se remonta cuanto menos a 1998, y lo que los datos muestran es un lento deslizamiento hacia las cohortes de mayor edad, desde 2011 la más numerosa es la de las mujeres de 25 a 29 años, y en 2012 las mayores de treinta años suponen ya más de un tercio del total, siendo el único grupo en el que el recurso a la IVE es creciente.

No nos debe extrañar: desde una perspectiva de clase el aborto es asunto de mujeres trabajadoras por cuenta ajena o en paro (el 73,63 en 2012), con educación ESO o inferior (58,72), que tienen al menos un hijo vivo (54,67), que han tenido alguna IVE previa (36,17) y que son inmigrantes (37,56), dato este último ilustrativo toda vez que en 2012 el porcentaje de mujeres inmigrantes había caído bien por debajo del 10%. En pocas palabras: en España el recurso a la IVE es un instrumento para regular la fertilidad al que se recurre prioritariamente por mujeres de clase trabajadora como salida a una situación de precariedad económica y desamparo social. Por eso la ley en vigor, sabia y prudente, no articula al respecto medida de apoyo alguna.

De la corrección técnica de la ley, mejor no hablar, como para muestra un botón, basta quede el siguiente: la ley despenaliza el aborto durante las primeras 14 semanas del embarazo sin necesidad de causa (por cierto, no es cierto que reconozca un derecho subjetivo a la IVE), pero sabia y prudente como es no dice como se cuentan, habiendo en presencia cuanto menos tres criterios médicos cuya aplicación puede producir que, de hecho, el plazo caiga a las 10 semanas o se extienda a las dieciocho. Seguridad jurídica se llama eso.

Visto lo visto, si la vocación de la versión socialdemócrata del Estado de bienestar es la procura de la igualdad no parece que la disciplina legal vigente engrane muy bien con aquella.

Si en lo dicho llevo razón, cosa que obviamente creo, no cuesta nada entender por qué después de dos meses de debate público y aparición a la luz pública de las ocultas fracturas que la IVE causa en el partido conservador que gloriosamente nos rige, el recurso al tema no haya tenido por consecuencia el más mínimo progreso de los apoyos electorales del PSOE.

Lo dicho. Una estrategia irracional.