Dos imputados más elevan los acusados por los ERE a 144
Alaya cita a un representante de FCC-Medio Ambiente y de Cespa por "conocer" que las ayudas recibidas eran irregulares
La juez que lleva el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE), Mercedes Alaya, ha imputado y citado a declarar el próximo día 7 de marzo a Álvaro Mollinedo Gómez como responsable de Relaciones Laborales de la Delegación de Andalucía de FCC-Medio Ambiente y a José Antonio Pérez Santos como responsable de Relaciones Laborales en la zona de Andalucía de Cespa, SA. La causa acumula ya con estas nuevas acusaciones 144 imputados.
La decisión de Alaya responde a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, quien consideró que los ahora citados, “de forma indiciaria”, “tenían conocimiento de que, sin procedimiento alguno y mediante la figura de beneficiario de pólizas de seguros, han posibilitado que dos sociedades mercantiles hayan cobrado cada una de ellas como mínimo la cantidad de 276.222 euros de la Junta”.
“Si bien es cierto que dichas empresas no resultaron firmantes de dichas pólizas, estas serían indiciariamente conocedoras de su ilegalidad y no objetaron nada a la irregular forma en que fueron receptoras de las cantidades referidas y a pesar de no haber efectuado solicitud alguna para ser beneficiarias de dichas ayudas”, se mantiene en el escrito judicial.
La juez recrimina que, “a pesar del conocimiento de las investigaciones que se vienen practicando, ambas empresas [Cespa y FCC] no han procedido a la devolución de las cantidades indebidamente percibidas”. Esta conducta omisiva es la que argumenta Alaya para justificar las nuevas imputaciones.
Ayuda a Los Palacios
Alaya ha ordenado también a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigue una subvención de 901.518 euros concedida en el año 2003 al Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) por el exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero para la construcción y puesta en funcionamiento de un complejo dedicado al arte ecuestre en esta localidad. También ha archivado las actuaciones contra Eva María Domínguez, que fuera secretaria hasta el año 2005 del exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín.
Por último, el exviceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Agustín Barberá ha solicitado el DNI que le fue retirado como medida cautelar dado lo “vejatorio” de su identificación “cada vez que es requerida”.
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