Empleo dio ayudas del fondo para empresas en crisis a 13 municipios

La Junta concedió ayudas públicas a 13 Ayuntamientos procedentes del fondo destinado a empresas en crisis, dotado con 647 millones entre 2001 y 2010. La Consejería de Empleo creó este fondo para financiar prejubilaciones derivadas de los expedientes de regulación de empleo (ERE) y ayudas directas a empresas en crisis, pero con el tiempo este fondo se convirtió en un cajón de sastre para Ayuntamientos, fundaciones y asociaciones.

Entre las administraciones beneficiadas destacan 10 Ayuntamientos de la provincia de Sevilla, dos de Cádiz y uno de Jaén. Los usos fueron de lo más variado: desde una escuela ecuestre financiada con 900.000 euros que recibió el Ayuntamiento de Los Palacios, hasta una residencia de ancianos y ferias de artesanía en Guadalcanal. Además, Empleo abonó 22.000 euros a la Universidad de Sevilla para un curso de prevención de riesgos laborales y 380.000 euros a la Fundación San Telmo para un curso de alta dirección. "Mejorar la gestión, el desarrollo tecnológico y la comercialización de las empresas andaluzas", era el objetivo del convenio firmado por Empleo en 2001 y que amparaba las ayudas.El fondo de 647 millones se utilizó para pagar las prejubilaciones masivas de grandes compañías como Delphi o Santana, pero también para pequeñas empresas de dos y tres trabajadores como una gasolinera de Cazalla de la Sierra (Sevilla), cuyo propietario Antonio Diana recibió 60.000 euros de la Consejería de Empleo en 2004. Sin embargo, con los años el fondo encontró un uso inesperado y al despacho de Javier Guerrero, ex director general de Trabajo, acudían tanto empresarios como alcaldes o presidentes de todo tipo de asociaciones. Hasta 13 Ayuntamientos fueron beneficiados por estas ayudas. Entre ellos destaca el gran número de consistorios de la provincia de Sevilla y especialmente de la Sierra Norte. Guerrero fue entre 1995 y 1999 alcalde de El Pedroso, municipio de esta comarca.

El Ayuntamiento de Los Palacios (PSOE) firmó en 2003 un convenio con la Consejería de Empleo para construir un complejo de actividades ecuestres y entre 2004 y 2005 recibió 900.000 euros. Mientras, el Consistorio de Guadalcanal recibió 150.000 euros para equipar una residencia de ancianos y organizar diferentes ferias de muestras. "Vamos a pedir dinero a todos lados y luego te lo dan o no", explicó ayer Carmelo Montero, alcalde socialista de Guadalcanal durante 16 años.

La Universidad de Sevilla organizó en 2006 un máster de prevención de riesgos laborales con un costo de 30.000 euros, aunque Empleo finalmente solo abonó 22.000 euros, según un portavoz de la Universidad. La Fundación San Telmo organizó entre 2004 y 2009 cursos de alta dirección para directivos y percibió 380.000 euros, según la organización, aunque la contabilidad de Empleo refleja pagos por 772.000 euros.

El uso discrecional de estos fondos públicos, que en numerosas ocasiones carecieron de estudios de viabilidad empresarial y seguimiento a posteriori, aún no forma parte de la investigación. La juez Mercedes Alaya no ha recibido la documentación que acredita las ayudas directas a las empresas, al margen de los ERE. Cuando esto ocurra, la magistrada abrirá una nueva línea de investigación para depurar las responsabilidades derivadas de la concesión de ayudas por parte de Empleo y el nulo seguimiento que se produjo del gasto. De momento, la investigación atañe a diversos ERE y pasarán semanas o meses hasta que las prejubilaciones sean examinadas por técnicos nombrados por el juzgado tras la investigación interna que lleva a cabo ahora la Junta. Entonces es previsible la comparecencia ante la juez de los altos cargos y técnicos que permitieron este nulo control del gasto discrecional, pero también de los empresarios que dieron un uso irregular a los fondos concedidos para la creación de empleo.

Fuentes del Gobierno andaluz eludieron ayer dar una explicación detallada de las ayudas recibidas por Ayuntamientos o fundaciones y de los motivos por los que estas instituciones acudieron a la Consejería de Empleo en lugar de tocar a otras puertas de la Administración en las que sus demandas también tendrían encaje. "Se supone que todas estaban vestidas con alguna orientación de empleo", afirmaron. La Junta, no obstante, no va a investigar, como sí está haciendo con los expedientes de regulación de empleo que financió, posibles irregularidades en la utilización de las ayudas a empresas. "No somos policías", indicaron estas fuentes, informa Lourdes Lucio.

Mientras que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, pidió que se deje "trabajar a la justicia", el líder del PP Javier Arenas achacó a Griñán su responsabilidad por el fraude de los ERE.