La Almoraima, en el retrovisor

Hace unos años varios destacados dirigentes socialistas, vinculados a municipios afectados por el Parque Natural de Los Alcornocales, promovieron una reforma de la normativa para que estos espacios protegidos dejaran ser un obstáculo al desarrollo económico. La conservación medioambiental, según denunciaban, estaba dando al traste con iniciativas empresariales y, con ello, al futuro de esos pueblos. “Ha llegado la hora de pensar en el hombre que vive aquí”, llegó a decir el entonces alcalde de Alcalá de los Gazules (Cádiz), Arsenio Cordero. En parte, les hicieron caso. La Junta aprobó un decreto para adelgazar la burocracia y ampliar las posibilidades de sacar adelante nuevos negocios en parques naturales, pero su desarrollo se quedó a medias, ante la alerta ecologista. El alcalde Villaluenga del Rosario, Alfonso Moscoso, llegó a lamentar que los límites del parque les dejaran solo ser meros receptores de turistas, “como a los monos a los que se tira cacahuetes en el zoo”.

Es en este momento cuando esos “restrictivos” planes de ordenación de los recursos naturales de los parques, los conocidos como PORN, han comenzado a revisarse. Se está haciendo ya en el Parque Natural de los Alcornocales, que acoge 167.767 hectáreas en 16 municipios de Cádiz y Cortes de la Frontera, en Málaga. “La redacción y elaboración de este plan pasará por un proceso de participación impulsado por la Junta de Andalucía, un proceso de información pública hasta su aprobación en Consejo de Gobierno”, ha explicado la Consejería de Medio Ambiente, que espera que todos estos trámites estén listos en 2015. Y a los Alcornocales este proceso participativo le ha pillado en pleno debate sobre su ampliación física, con la polémica caliente de La Almoraima.

La finca está considerada como uno de los mayores latifundios de España. El Estado es el propietario tras una expropiación realizada a la familia Ruiz-Mateos. Es una extensa finca poblada de alcornoques de 14.000 hectáreas en el municipio de Castellar, de gran riqueza natural y económica por su potencial para la industria del corcho. El Ministerio de Medio Ambiente planteó hace unos meses su venta a operadores privados, en una operación para reducir el déficit público y atraer empleo a la zona, con la posible construcción de instalaciones hoteleras y deportivas de lujo. Algunos posibles compradores ya han visitado la zona. Los más famosos, la actriz Salma Hayek y su marido. La venta, con precio no cerrado, se estima en unos 300 millones de euros. El anuncio ha activado una acción de la Junta de Andalucía para ampliar el espacio protegido del parque natural a toda La Almoraima.

La medida ha generado gran controversia, aunque pintada en trazo grueso en los ataques entre dirigentes del PP y del PSOE. En la junta rectora del parque ha habido tiempo para un debate algo más sosegado sobre las verdaderas intenciones de esta posible ampliación. La Junta considera que la protección no conlleva necesariamente un freno económico. Es más, sostiene que es lo contrario. “Las actividades tradicionales agrícolas, ganaderas, cinegéticas y forestales se van a poder seguir desarrollando con total normalidad. También tiene cabida la construcción de hoteles, como los que ya existen dentro del parque. El área no es un obstáculo para la construcción, sino que lo que debe es ser compatible con el plan general del municipio”, ha explicado en esas reuniones el delegado de Medio Ambiente, Federico Fernández. “La ampliación del parque es un sí absoluto al desarrollo económico, eso sí, con unas garantías que velan por el desarrollo económico”. No es lo que han notado en los últimos años los alcaldes de estos municipios que sí creen que estar en un espacio protegido les ha generado enormes límites. Por eso se ve con buenos ojos que este debate haya coincidido con las revisiones de los planes de ordenación de los parques. De esta manera, podrán explicar mejor sus problemas y generar más comprensión.

La ampliación de La Almoraima como monte público no es segura. Dependerá de los servicios jurídicos de la consejería, aunque la Junta ha mostrado su interés por que así sea para evitar a toda costa la venta que pretende el ministerio. Pero los gestores de la finca y el Ministerio de Medio Ambiente han coincidido en calificar estos obstáculos a la venta como “irresponsables” para el futuro económico de la comarca. Lo más seguro que estos alcornoques acaben en los juzgados.