Una alternativa para La Utopía

La Junta baraja realojar a las familias de la corrala sevillana en unas viviendas públicas Los juristas coinciden en que la propuesta sería legal

Vecinos de La Utopía, en una manifestación en mayo de 2013.
Vecinos de La Utopía, en una manifestación en mayo de 2013. julián rojas

El desalojo podría producirse en cualquier momento. La prórroga de cinco días otorgada por la juez, a petición de la Junta de Andalucía, expiró el viernes. El desahucio de los vecinos de la corrala La Utopía, un edificio de Sevilla ocupado en mayo de 2012 por una treintena de familias y propiedad de Ibercaja, puede ser en cuestión de días si las negociaciones entre la Administración andaluza y el Ayuntamiento no prosperan. Ese fue el argumento que la Junta expuso a la magistrada para que aplazara el lanzamiento, que estaba previsto a partir del 15 de febrero. A la espera de reunirse con el Consistorio, la Junta ya baraja varias alternativas, entre ellas, realojar a estas familias en las viviendas públicas que construye en una parcela entre el Prado y San Bernardo, pero para ello necesita de la colaboración del alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP).

La cooperación municipal en esta propuesta sería doble. Por un lado, los servicios sociales del Ayuntamiento deberían acreditar la situación de necesidad de estas familias —informes que ha realizado durante el periodo de negociación entre los vecinos e Ibercaja— y, por el otro, debería aceptar realojarlas en viviendas municipales hasta que estén finalizadas las de la Junta, previsiblemente en septiembre. Fuentes de la Consejería de Fomento aseguran que no se trata de una propuesta formal y que solo es una más de las que la Junta está estudiando por si el Ayuntamiento se niega a reubicar a estas familias en su parque público. Fomento recuerda que sus viviendas protegidas en Sevilla están ocupadas “tras haberlas pasado masivamente al alquiler y rebajado las rentas” y que, sin embargo, el Consistorio “acumula” 389 casas vacías. El Ayuntamiento ha mostrado su disposición a negociar con la Junta.

Sin perder la esperanza

Saben que la orden de desahucio puede llegar en cualquier momento, pero aún conservan la esperanza. “Confiamos en que la Junta y el Ayuntamiento alcancen un acuerdo e impidan que nos veamos en la calle”, afirma Toñi Rodríguez, una de las vecinas de la corrala La Utopía, un edificio de Sevilla ocupado desde 2012. “Tengo tantas esperanzas de que la orden de desalojo la hayan congelado que no he comenzado ni a embalar ni a sacar mis cosas. Es más, no tendría dónde dejarlas”, asegura Toñi.

Tal y como acordaron con la Administración andaluza, Toñi asegura que de ofrecerles una alternativa de realojo las familias abandonaran el edificio voluntariamente. “Nos gustaría seguir todos juntos, pero al menos no nos quedaríamos en la calle”, apunta esta vecina. “Le hemos pedido a la Junta que intente realojarnos en edificios próximos”, agrega Elena Contreras, otra de las vecinas de la corrala. “Si logramos una solución, vamos a seguir luchando para que todas las personas puedan tener una vivienda digna. Seguiremos con la misma fuerza”, asegura.

Con esta propuesta de realojo, según el profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba Antonio Manuel Rodríguez, la Administración andaluza estaría velando por el cumplimiento de un derecho constitucional. “No nos encontramos ante un supuesto de ilegalidad sino de alegalidad. La Administración andaluza carece de herramientas jurídicas civiles y, por ello, debe recurrir a las administrativas. Como se recoge en el artículo 47 de la Constitución, los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada. Eso es lo que pretende hacer la Junta”, afirma Rodríguez, quien también toma como argumento el artículo 20 de la ley del derecho a la vivienda de 2010.

La actuación de la Administración andaluza también estaría respaldada, según los juristas consultados para este reportaje, por el artículo 13 del reglamento del registro de demandantes de vivienda protegida. Y es que es el régimen público de estos inmuebles el foco de las principales críticas. El epígrafe recoge una serie de excepciones por las que las adjudicaciones no tienen por qué regirse por el procedimiento habitual, supuestos en los que se incluye que se trate de “unidades familiares en riesgo de exclusión social” y que sea de “carácter urgente”. “Aquí es cuando entra en juego el Ayuntamiento, ya que es el encargado de justificarlo”, apunta el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla Roberto Galán. “El conflicto se produciría si estas viviendas ya están adjudicadas a otras personas”, agrega.

Para Roberto Galán la propuesta de la Junta sí sería, al menos, “opinable” si esta política de actuación solo se aplica en el caso concreto de los vecinos de la corrala La Utopía. “Es importante que se defina si solo es aplicable a estas familias o también al resto de ciudadanos porque más de uno puede pensar que es necesario llegar al extremo de ocupar una vivienda para que las Administraciones te den una solución”, expone Galán. “La situación de estas familias es de extrema urgencia, incluso, podríamos decir que se trata de un caso excepcional, pero lo que está claro es que las Administraciones deben ofrecer las mismas opciones a todas aquellas personas que estén en una misma situación”, finaliza.

Sobre la firma

Antonio J. Mora

Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS. Fue redactor en la delegación en Andalucía durante más de seis años y, actualmente, es portadista web. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Málaga y Máster de periodismo de EL PAÍS, también trabajó en Diario Sur e Infolocalia. En 2009, ganó el premio nacional Alma de Periodista.

Normas

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS