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El juez confirma el procesamiento de la exalcaldesa Mónica Lorente

La exalcaldesa de Orihuela inauguró la obra de una plaza antes de adjudicarse la reforma

Mónica Lorente, exalcaldesa de Orihuela del PP y actual diputada en la Diputación de Alicante, acumula varias causas pendientes en los tribunales, y ahora está más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados por las presuntas irregularidades en la adjudicación de la reforma de la plaza de la pedanía de El Escorratel.

La Audiencia Provincial de Alicante ha rechazado el recurso contra la decisión de un juzgado de Orihuela de procesarla por un presunto delito de falsedad de documento público por presuntas irregularidades en las obras de la plaza de El Escorratel, que fueron inauguradas antes de adjudicarse.

Lorente, también está imputada en el caso Brugal, una trama de intereses político-empresariales ligada al negocio de la basura en la Vega Baja.

En el caso de las obras de esta plaza, la Fiscalía pide una multa de 4.500 euros y una inhabilitación de cargo público durante diez meses para la exalcaldesa y el exedil Antonio Rodríguez Murcia por haber falseado presuntamente el contrato de las obras de reforma de la plaza.

La defensa de Lorente había recurrido la decisión del juzgado de abrir juicio contra ella alegando que se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva al no haberse pronunciado sobre la petición de sobreseimiento de las actuaciones que había planteado, así como la proposición de dos declaraciones de testigos que la exculparían del delito.

Los hechos se remontan al 4 julio de 2008, tras la inauguración de las obras de reforma de la plaza junto al centro social de El Escorratel. Los trabajos fueron ejecutados por la mercantil Ronis 2, con un presupuesto de 34.380 euros y el acto estuvo presidido por los dos imputados, los entonces alcaldesa y concejal de Infraestructuras.

Sin embargo, el contrato por el que se firmaron los trabajos no se firmó hasta tres meses más tarde y la empresa comenzó a ejecutar los trabajos sin adjudicación alguna. La Fiscalía considera que el documento fue íntegramente confeccionado para dar apariencia de legalidad a los trabajos.

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