Galicia levanta las alfombras

“¿Pero esto solo pasa en Lugo? ¿Solo se quitan multas en Lugo?”, se preguntaba públicamente hace menos de dos años el alcalde de la primera ciudad de Galicia en la que la justicia empezó a levantar las alfombras de los despachos oficiales. Como él aventuraba en su defensa, aquel primer escándalo que descubrió en 2009 que funcionarios y responsables políticos hacían desaparecer las sanciones de tráfico de sus amigos y familiares, era apenas una pelusa de polvo. Lo que ha destapado ahora la investigación judicial del caso Pokémon es una bien engrasada maquinaria de favores en las entrañas de cuatro ciudades —Santiago, A Coruña, Ourense y Lugo— que han alternado gobiernos de PP y PSOE.

Las pesquisas de la Pokémon dejan al desnudo los manejos y estrechas relaciones de alcaldes, concejales y funcionarios con concesionarias de servicios municipales para beneficiarse mutuamente. Según el sumario, las adjudicatarias regalaban a los servidores públicos vino, jamones, relojes, arreglos de jardines particulares y puestos de trabajo para familiares y amigos. Al mismo tiempo esas firmas eran acariciadas con información sobre concursos, prórrogas de concesiones o ceses de funcionarios reacios a certificar la legalidad de decisiones favorables a sus intereses.

Las prebendas eran variadas. Según revela el sumario, la adjudicataria de aguas de Santiago (Aquagest) le pagó al entonces alcalde de Santiago, el popular Gerardo Conde Roa, un viaje con su pareja a Barcelona para disfrutar de un fin de semana de ópera en el Liceo mientras sus subordinados en el gobierno local se afanaban en prorrogarle el contrato a esa misma empresa. Y en Ourense, Vendex, titular de varias contratas, igual regalaba por Navidad relojes de lujo al ahora exalcalde socialista Francisco Rodríguez como pagaba al superintendente de la policía local, Abelardo Ulloa, escapadas con una mujer distinta a su esposa.

El compadreo que reflejan las escuchas policiales podía derribar casi cualquier obstáculo. ¿Que el secretario y la interventora de Santiago se empeñaban en poner reparos a la prórroga sin concurso público de un contrato millonario para la gestión del agua? Pues concejales y cargos de confianza del alcalde (PP) apartaban a los funcionarios incómodos y buscaban por Galicia otros dispuestos a transigir. “Esto hay que firmarlo sin verlo. Lo leéis y lo firmáis”, se le decía a los aspirantes, según cuenta el empresario que iba a ser beneficiado.

Entre el centenar de imputados hay regidores, ediles, personal de confianza y jefes de contratación de Santiago, Lugo, A Coruña y O Carballiño que siguen en sus puestos pese al escándalo. Los agentes de Vigilancia Aduanera soprendieron, por ejemplo, a Julio Flores, número dos del Ayuntamiento coruñés, enchufando a conocidos en una concesionaria municipal o pactando con esa misma empresa (Vendex) un informe a medida para poder adjudicarle un nuevo contrato. La juez mantiene imputado al alcalde de Lugo, el socialista Xosé López Orozco, porque de los pinchazos y testimonios de imputados deduce que recibía 2.000 euros mensuales de Vendex, que gestiona el aparcamiento de la ORA en esta ciudad. Y el regidor de Santiago, Ángel Currás (PP), está acusado, junto con dos de sus concejales, por enchufar a trabajadores en una guardería adjudicada también a Vendex.

El caso estalló antes de las autonómicas de 2012 y en un primero momento provocó la caída de algunos implicados —cesaron los alcaldes de Ourense (PSOE), Santiago (PP) y Boqueixón (PP)—. Pero a medida que se extendía la mancha de la sospecha, los partidos dejaron de forzar dimisiones. Nadie sabe hasta dónde llegará la mano de la juez y una parte de la investigación, la que atañe a los anteriores gobiernos socialistas y al actual del PP en A Coruña, aún está bajo secreto. Por si fuera poco, esta misma semana la policía irrumpió en seis ayuntamientos, la Diputación de Pontevedra y la Xunta por otra operación anticorrupción llamada Patos.

En respuesta a la perplejidad de los ciudadanos por la trastienda política que les han abierto los jueces, PP y PSOE descartan destituciones apelando a la presunción de inocencia y buscando cobijo bajo el lento transcurrir de las instrucciones judiciales. “La presunción de inocencia rige en el ámbito penal, no en el político”, les reprochó hace unos días el fiscal jefe de Galicia, Carlos Varela.