Los inquilinos de los pisos sociales privatizados denuncian abusos

Cuando los vecinos volvieron de vacaciones de verano y leyeron la carta que les comunicaba que su piso de protección oficial dependía a partir de ahora de una empresa privada empezaron a preocuparse. En teoría, nada tenía que cambiar, puesto que la propiedad está obligada a mantener las mismas condiciones a los inquilinos. Pero pocos meses más tarde, cuando su contrato caducó y tuvieron que renovarlo, empezaron las sorpresas.

El precio del alquiler se ha mantenido —solo se le aplica la actualización del IPC— pero el resto de partidas incluidas en el recibo de fin de mes han crecido notablemente y han aparecido otras de nuevas. Según los vecinos, además de dispararse un 50% la cuota de mantenimiento de la escalera, también tienen que abonar unos 200 euros más de depósito para realizar el nuevo contrato, pagar un seguro y además se obliga a los inquilinos de las fincas que tienen plaza de garaje a alquilar también una por de 120 euros, aunque no tengan ningún vehículo. También denuncian que hay una cláusula del contrato que les obliga a autorizar a la propiedad a comercializar sus datos personales, donde figura incluso sus ingresos.

“Se ha llegado al punto que el metro cuadrado de estos pisos está al mismo nivel que los de obra nueva en Nou Barris”, denuncia Pep Ortiz, el representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), que desde hace semanas está ayudando a los vecinos afectados. Los pisos miden unos 40 metros cuadrados y entre todas las cuotas pueden llegar a costar más 400 euros al mes.

El calendario aprieta, ya que la mayoría de contratos —que son de cinco años— empiezan a caducar estos días y en los próximos meses se tendrán que volver a negociar. Los vecinos afectados se están organizando y de momento han conseguido el apoyo de la FAVB y de la asociación 500x20 y también el compromiso de reunirse, a principios de marzo, con el delegado de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Antoni Sorolla. La Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona son los responsables de garantizar que los nuevos propietarios cumplen con sus compromisos. En declaraciones a este diario, Sorolla explicó que el Ayuntamiento todavía no tiene toda la información pero avanzó que ya han encargado un “informe jurídico” para detectar si se está produciendo irregularidades. Sorolla aseguró que “si el dictamen jurídico confirma que hay alguna iregularidad, por descontado que se actuará”.

El cambio de propiedad se produjo el año pasado, cuando Colón Viviendas, empresa filial de Azora Gestión — la inmobiliaria que gestiona los fondos de Goldman Sachs— adquirió cuatro promociones de protección social que habían sido construidas por REGESA y que estaban en manos de la Fundación Privada Pisos de Alquiler, que también depende del Consell Comarcal del Barcelonès. Las promociones están repartidas por Nou Barris, Les Corts y Sant Andreu.

Colón Viviendas compró los 298 pisos tras ganar un concurso público y pagar 11,4 millones de euros. Según los pliegues del concurso, la inmobiliaria debe mantener las condiciones actuales a todos los inquilinos.

La empresa Azora Gestión, propietaria ahora de las viviendas de protección, reconoció a este diario que “en algunos edificios solo hay disponibles pisos con una plaza de garaje vinculada”, de manera que los inquilinos están obligados a alquilarla también. Las plazas se deben alquilar además por valor de 120 euros mensuales, un precio superior incluso al que se paga en barrios como el Eixample. Todas las preguntas que la empresa respondió fueron a través del correo electrónico.

El consejero delegado de REGESA y vicepresidente de la Fundación Pisos de Alquiler Jaume Vendrell, es una de las personas que mejor conoce la operación. Según consideró es “inadmisible” que se obligue a alquilar también el aparcamiento ya que en ninguna de las promociones afectadas “el piso y la plaza de garaje figuran como la misma unidad cadastral”.

Otro punto que preocupa a las Administraciones y a los vecinos es si la nueva empresa está respetando la lista única del registro de solicintantes del Ayuntamiento de Barcelona. Nadie que no esté inscrito en esta lista tiene derecho a alquilar un piso de protección pero, además, la empresa tiene que respetar el orden de los solicitantes. Para alquilar el máximo de pisos posibles en poco tiempo, y así conseguir más beneficios, la nueva empresa propietaria ofrece los pisos por Internet y cuando encuentra un interesado, le pide que se apunte al registro. “Sabemos que no respetan el orden de la lista y estamos comprobando si podemos tomar medidas y multarles”, avanzó Antoni Sorolla, delegado de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona. Además, al tratarse de pisos sociales, solo pueden acceder las personas que cumplan unos requisitos determinados, como ser jóvenes, no tener ninguna vivienda en propiedad y tener pocos ingresos.

El Ayuntamiento investiga si el fondo vulnera las listas de acceso a los pisos

Todos los nuevos contratos que se firmen en cualquiera de estas promociones tendrán que pasar por las manos de la Generalitat, que comprobará que la empresa privada sigue cobrando los mismos precios de alquiler. Pero el resto de partidas, como el mantenimiento de la escalera, sí que se pueden encarecer, siempre que la empresa justifique el coste del servicio. Hasta ahora los inquilinos pagaban entre 38 i 45 euros al mes, en función de cada piso, y según lo vecinos consultados, ahora el precio puede llegar a los 65 euros. Según defienden, nunca han recibido ninguna factura que justifique el coste del servicio. Los vecinos consultados, que quieren mantenerse en el anonimato porque temen represalias, aseguran que “el mantenimiento de la finca es nefasto”.

La empresa Azora Gestión también adquirió el año pasado 3.000 viviendas de protección de la Comunidad de Madrid. Este tipo de operaciones en las que fondos de inversión compran pisos públicos para gestionarlos durante un tiempo todavía no se habían producido en Barcelona. En las promociones que la empresa ha adquirido en la capital catalana, la propiedad volverá a manos del Ayuntamiento de Barcelona pasados 75 años. Es durante todo este tiempo que la firma espera amortizar su inversión y obtener beneficios. “Estas empresas son mucho más ágiles que la administraciones públicas a la hora de encontrar nuevos inquilinos o de echar a los que no pagan sus mensualidades, de manera que consiguen más dinero”, explicó una de las personas que participó en la privatización de las cuatro promociones.

Por contra, los beneficios que consigue la administración pública con esta operación, es el ingreso de una gran suma de dinero que puede destinar a la construcción de otros pisos de protección. El riesgo, según se está demostrando en este caso, es que la gestión de las viviendas de protección por parte de una empresa privada puede perjudicar a los inquilinos.