PP y PSOE eluden actuar contra la corrupción como reclama el fiscal

“No tiene que haber fiscales políticos ni políticos fiscales; cada uno se debe dedicar a lo suyo”. Así respondió ayer Carlos Negreira, alcalde de A Coruña y presidente del PP provincial, a la petición del fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, para que, más allá de las responsabilidades penales, los partidos actúen políticamente contra sus cargos públicos implicados en operaciones contra la corrupción. La contestación de Negreira se produce después de que trascendiesen las actuaciones, entre otros, de su teniente de alcalde, Julio Flores, para enchufar a conocidos en contratas municipales.

Pero Negreira no fue el único que obvió la petición del fiscal. Los máximos líderes del PP gallego y del PSdeG, Alberto Núñez Feijóo y José Ramón Gómez Besteiro, también optaron por prometer medidas para un futuro impreciso pero escudándose en la prudencia para no actuar ahora. El fiscal Varela pidió el miércoles a los partidos que no se amparen en la presunción de inocencia penal para no actuar a nivel político. Pero ayer, tras la reunión semanal del Consello de la Xunta, el presidente Feijóo insistió una vez más en esperar a que hable la justicia o a tener más pruebas antes de actuar. Feijóo incluso reprochó veladamente la lentitud de los tribunales y recordó que en operaciones policiales anteriores hubo “políticos que dimitieron” en cuanto se les comenzó a investigar y “aún hoy no hay juicio”. “Si no hay elementos suficientes, no se deben atropellar los derechos de las personas”, argumentó Feijóo, tras recordar que aún no habían pasado ni 48 horas del inicio de la Operación Patos, la última de las abiertas en Galicia.

Si de momento no va a hacer nada, y a la vista de que algunas de las operaciones judiciales en curso duran ya varios años, Feijóo fue preguntado por cómo afectarán esas investigaciones a las candidaturas electorales para las municipales del próximo año. El presidente admitió que “por supuesto que tendrán que condicionar esas listas” en “los partidos responsables”, aunque no detalló cómo. En esa línea el presidente recordó que fueron “otros” los que “llevaron a procesados e imputados” en sus listas electorales a las Cortes. Feijóo no lo citó, pero con una imputación pendiente fue cómo concurrió como candidato al Congreso el exministro y ahora diputado socialista José Blanco, que después vería cómo se archivaban todos los cargos contra él abiertos en el marco de la Operación Campeón.

El presidente también fue preguntado expresamente por el futuro del concejal del PP de Nigrán José Álvarez Valverde, detenido e imputado en la Operación Patos. Feijóo eludió anunciar medidas inmediatas contra él y se limitó a confirmar que el PP le ha abierto un expediente informativo en el que “cualquier cuestión es posible” dependiendo de su “evolución”. Y aunque no mencionó ningún caso concreto, recordó que la historia política de Nigrán no está exenta de polémicas judiciales. La última se produjo en noviembre cuando presentó su renuncia la entonces edil Ana Rosa Costas tras ser imputada por fraude fiscal en una empresa familiar. El alcalde justificó su marcha por “problemas de salud” y ella denunció una campaña mediática en su contra, pero ayer se conoció su condena por aquellos hechos.

Poco después del anuncio de Feijóo de la apertura de un expediente, el propio edil de Nigán ahora imputado, a través de una nota informativa remitida por el Ayuntamiento, aseguró que todo su trabajo como concejal “ha sido por el beneficio del pueblo” y rechazó pronunciarse sobre su imputación por tráfico de influencias hasta prestar declaración ante la juez, “que es la primera persona”, enfatizó, “que tiene que escucharme”. El edil, sin embargo, se negó a declarar ante ella cuando el miércoles compareció como detenido en el juzgado. En otro comunicado, el alcalde de Nigrán, Alberto Valverde, mostró su confianza en la inocencia de su concejal y remitió cualquier decisión sobre su futuro a una reunión que mantendrán “en los próximos días”.

En la dirección del PSdeG tampoco hay de momento movimientos contra sus cargos que, más allá de su posible responsabilidad penal, han admitido actuaciones poco éticas. El secretario general de los socialistas, José Ramón Gómez Besteiro, defendió la necesidad de que actuar “entre todos” contra los comportamientos delictivos “pero sin ansiedad”, al tiempo que reclamó “que la justicia actúe de una forma rápida”. También apeló a una “regeneración democrática y a que haya más transparencia” y reprochó a los populares que rechazasen crear “una unidad judicial específica contra la corrupción”. “Podemos admitir errores, sí; no podemos admitir delitos”, sentenció Besteiro.