El pacto de salud prevé crear tarifas reducidas para tratamientos privados

El Pacto Nacional de Salud, una iniciativa de la consejería dirigida por Boi Ruiz para “sentar las bases del futuro sistema sanitario”, contempla la instauración de “precios públicos” más reducidos para aquellos tratamientos —como algunos de dentistas u oftalmólogos— que no están incluidos en la cartera de servicios que ofrece el sistema sanitario público. El documento del plan no concreta si serían los centros sanitarios públicos los que ampliarían sus servicios previo pago o los privados quienes asumirían estas tarifas reducidas. El objetivo es “facilitar el acceso a estas prestaciones a la población con menos recursos”. Así consta en el último borrador del pacto enviado a los representantes de partidos políticos, sindicatos, patronales, municipios, industria farmacéutica y usuarios que vuelven a reunirse hoy para negociar un acuerdo.

El pacto fue una idea de Boi Ruiz para envolver en consenso social y político un sistema sanitario debilitado y afectado por sucesivas oleadas de recortes y diversos casos de corrupción. La comisión se constituyó en mayo de 2013 y, tras 12 reuniones, aspira a cerrar el documento hoy, aunque varios de los participantes consultados dudan de que se pueda acabar el trabajo a tiempo. Aunque Salud anunció la voluntad de que el pacto se aprobase con el máximo consenso, varias organizaciones se han levantado de la mesa: ICV, CC OO, CUP y UGT anunciaron que no firmarán el documento al no estar de acuerdo con las medidas que propone.

La introducción de precios públicos para los servicios excluidos de la cartera fue una propuesta de CC OO. El último borrador, que puede sufrir todavía modificaciones en la reunión de hoy, contempla que esos precios “deberán reflejar los costes de los servicios que se presenten” y que “se velará porque tengan un impacto neutral en la competencia en el sector”. Se apruebe o no finalmente este apartado, la referencia a la competencia es un guiño a la patronal privada, que mantiene que este tipo de actividad es “competencia desleal”.

Joan Canals, representante del CC OO, cree que esta medida podría ser una “fuente adicional de ingresos” para los centros con financiación pública y que se debería garantizar que no perjudique “en ningún caso” el funcionamiento normal de estos —sería una actividad a realizar una vez cumplido el contrato con el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut)— ni genere una doble puerta de entrada. Hay otras razones por las que CC OO abandonó el pacto relacionadas con los copagos, el ánimo de lucro y el control a los gestores de hospitales.

El proyecto de pacto contempla el copago para "regular  consumos inadecuados"

El borrador consolida los copagos como un “instrumento regulador de consumos inadecuados”, un punto que también ha generado controversia al hacer recaer sobre los pacientes la responsabilidad del consumo de medicamentos. El documento especifica que los copagos no deben tener finalidad recaudatoria ni constituir una barrera de acceso a los fármacos, pero esto no ha conseguido la aceptación de todos los miembros de la comisión. La representante de UGT, Laura Pelay, cita esta “institucionalización” del copago como una de las razones para abandonar el pacto.

Josep Vendrell, diputado de ICV, también anunció que su partido deja las negociaciones. “Es un pacto que no afronta los principales problemas del sistema sanitario”, dijo el diputado ecosocialista. Vendrell recordó que el presupuesto de salud ha sufrido una “reducción global del 14,6% en el gasto”, lo que implica que “el gasto por habitante se sitúa una década atrás”, en los 1.095 euros. El borrador insta a garantizar una financiación pública “suficiente y sostenible, haciendo converger el nivel de gasto con el de los países con un PIB per capita y sistema sanitario similares”.

Ciutadans, que sigue en la mesa, contempla el pacto “con distancia y frialdad”, según el diputado José Manuel Villegas. “Si se cierra igual que la comisión de investigación sanitaria, sin asumir responsabilidades ni una crítica, veo difícil votar a favor”, dijo Villegas. La CUP abandonó el pacto en julio pasado porque entiende que lo que pretende es “tapar las vergüenzas y legitimar un negocio con la sanidad pública”. Partidos, sindicatos y organizaciones que continúan en la mesa declinaron comentar el borrador.