Anticorrupción pide de nuevo cárcel para Pacheco por su gestión en Jerez

La Fiscalía Anticorrupción acusa al exalcalde de Jerez, Pedro Pacheco, al exgerente de la empresa municipal de suelo Miguel Ballesteros, a dos empresarios y a tres testaferros de un supuesto fraude en la enajenación de la antigua estación de autobuses de Jerez. El fiscal pide hasta siete años de cárcel y seis de inhabilitación para el histórico líder andalucista por vender más de 4.000 metros cuadrados de terreno a un empresario afín y su socio sin concurso público y con “total desprecio de las normas administrativas y legales de contratación pública en perjuicio del interés general”. Pacheco fue condenado el año pasado a cuatro años de cárcel por enchufar a compañeros del partido en el Ayuntamiento. Entonces la fiscalía pidió seis años de prisión.

Para los siete acusados, el fiscal solicita una indemnización conjunta y solidaria al Ayuntamiento de Jerez de 1.695.000 euros, cantidad que el Consistorio dejó de percibir por la operación.

Según la acusación, Pacheco, cuando era delegado de Urbanismo y presidente de Emusujesa (Empresa Municipal de Suelo), y el gerente de la misma sociedad pública, “con la única finalidad e intención de perjudicar a las arcas municipales” y “beneficiar a los empresarios José Luis López (conocido como El Turronero) y Francisco Chávez, con los cuales Pedro Pacheco mantenía vínculos de amistad”, diseñaron un procedimiento de enajenación de la antigua estación de autobuses de Jerez que supuso “un grave quebranto del erario público”.

¿A cuánto asciende el fraude? Según Anticorrupción, la cifra oscila entre 1,7 y 5,4 millones de euros. El escrito de Anticorrupción detalla que el inmueble se transmitió en 2006 por precio notablemente inferior a su valor real, concretamente por la cantidad de 2,7 millones, pese a que la tarifa de mercado de la finca nunca podría ser inferior a 4,4 millones.

La venta se realizó partiendo de una tasación de 2004 que no se actualizó y el procedimiento para llevarla a cabo limitó las ofertas a las empresas de López y Chávez, quienes utilizaron a tres testaferros para dar “la apariencia ficticia de estar ante diferentes empresas” y “ocultar la verdadera identidad de los compradores”. De esta forma, “los acusados pudieron fijar el precio que estimaron por conveniente sin ajustarse a criterios de mercado”. Solo tres meses después de adquirir el terreno, El Turronero, uno de los mayores operadores de suelo de la zona, y su socio dividieron la parcela en dos y la transmitieron a terceros, obteniendo unos beneficios de 415.000 euros.

Para medir el quebranto a las arcas municipales, la fiscalía destaca en su escrito que una tasación bancaria hecha en 2006 fijó el valor de mercado de las dos parcelas de la estación de autobuses en 8,1 millones de euros, una cifra muy lejana a los 2,7 millones que pagó López y su empresa Ingeniería Jienense SL a Emuvijesa.El Turronero estaba detrás de las tres ofertas que recibió el Consistorio para comprar los 4.000 metros cuadrados de terreno, pero no figuraba en ninguna de ellas. Ángel Monereo fue el hombre de paja colocado en la empresa que adquirió el suelo en 2006 “para ocultar la identidad de los verdaderos administradores”.

En el extenso escrito de acusación, la fiscalía concluye que Pacheco, el técnico municipal, López y su socio vulneraron “de manera grotesca y flagrante la normativa administrativa”. Los acusa de ejecutar la venta “evitando la concurrencia de terceros en términos de igualdad” y ocasionando un “grave perjuicio al patrimonio público”. Para los tres testaferros, el mencionado Ángel Monereo, Vicente Cervera y Joaquín López, la fiscalía pide tres años y medio de prisión por delitos de fraude a la administración y falsedad en documento oficial.

Para los empresarios se reclama seis años de cárcel. Uno de ellos, José Luis López, ya cuenta con una condena de dos años por fraude a la seguridad social en el caso Karlos, en el que resultó condenada también María José Campanario, esposa del torero Jesulín de Ubrique. La fiscalía cree que Pacheco firmó y dirigió la venta del suelo. Para él reserva la mayor pena de prisión: siete años por prevaricación, fraude y falsedad documental.