Otro excargo del PP culpa al área de Presidencia de contratar con Gürtel
El exdirector de la entidad achaca a una de sus secretarias la gestión del contrato
El exsubdirector de Castelló Cultural, Vicente Farnós, pagó más de 200.000 euros a la trama Gürtel en contratos. Sin publicidad. Sin concurso. Sin transparencia. Y con un objetivo, según la fiscalía: desterrar a la competencia para premiar a la constelación empresarial pilotada por el cabecilla de la red corrupta, Francisco Correa. Y todo fue posible gracias al visto bueno que imprimió en forma de autorización la exdirectora general de Promoción Institucional de la Generalitat, Dora Ibars, según dijo este lunes Farnós al juez.
“Todo fue legal”, remarcó el exsubdirector de Castelló Cultural durante las dos horas que declaró como imputado en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJ) ante el juez José Ceres, que indaga la legalidad de 70 contratos que la Generalitat otorgó al entramado Gürtel durante el mandato de Francisco Camps (2003-2011).
Farnós, que fue destituido del cargo el pasado mes tras su imputación y que es miembro del Consell Valencià de Cultura, dijo que confió la organización del segundo Congreso de Software Libre en 2005 siguiendo las instrucciones de otra imputada, la exdirectora general de Archivos e Innovación Tecnológica Silvia Caballer. Ella fraccionó —según la investigación— cuatro contratos menores de 12.020 euros con Orange Market, franquicia valenciana de la trama dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes. “El encargo ya me vino dado”, espetó Farnós, según fuentes próximas a su declaración.
El juez sospecha que maniobró para adjudicar a dedo a la trama
El imputado indicó que recurrió a la red corrupta para la campaña de publicidad del décimo aniversario de Castelló Cultural, en 2007, “porque se lo recomendó su secretaria”. El trabajo costó 140.674 euros. “Ella me dijo que había una empresa, Orange Market, que estaba interesada y le hice caso”. Una afirmación que choca con la expresada ante el juez por la aludida, que atribuyó durante su declaración como testigo la contratación con Gürtel a su jefe.
En un intento de defender la higiene del proceso de adjudicación, Farnós argumentó que llamó a “dos empresas” para que concurrieran a los contratos del décimo aniversario de Castelló Cultural. No existe prueba alguna de que esto fuera así. Ni informe que acredite que otras firmas participaron en un concurso. Solo la sospecha de una ficción para simular la higiene en una adjudicación que acabó en manos del entramado de Correa.
En esta línea de defensa, Farnós insistió en que pidió tres presupuestos. Y que Orange Market le entregó su “oferta en mano” el 15 de enero de 2007. Un dato que, de nuevo, se estrella con la información que maneja la investigación. Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional recoge que el documento informático del presupuesto fue creado un mes después, en febrero, a posteri. Entonces, el contrato fue remitido para su aprobación a la exdirectora general de Promoción Institucional de la Generalitat Dora Ibars.
El imputado achaca a Silvia Caballer el fraccionamiento de un contrato
El juez José Ceres sospecha que Farnós maniobró para adjudicar a dedo más de 200.000 euros al entramado empresarial del cabecilla de Gürtel, Francisco Correa. Y que siguió el modus operandi de la trama —fraccionamiento en contratos menores— para eludir la publicidad y garantizar dos suculentos negocios a la red: la organización del segundo Congreso de Software Libre en 2005 y la campaña de publicidad del décimo aniversario de Castelló Cultural, en 2007. La firma Orange Market, satélite de Gürtel en tierras valencianas, recibió una adjudicación directa de 140.674 por este último trabajo. Una decisión que impidió la competencia de otras empresas, según un informe de la Intervención General de la Administración del Estado que maneja el magistrado.
La ‘fábrica’ de facturas de la red
El juez de la rama valenciana del caso Gürtel, José Ceres, se interesó por el trasfondo de varios correos electrónicos que el exconsejero delegado de Orange Market, Cándido Herrero, remitió a la administradora de las empresas de la red pilotada por Francisco Correa, Isabel Jordán. “Fabrica literatura”, instaba Herrero a su compañera en una misiva que deslizaba la elaboración de facturas y presupuestos ficticios para las constructoras Facsa, Cyes, Llanera, Sedesa y Lubasa.
Jordán, que como su compañero está imputada en la causa, negó que el Grupo Correa prestase trabajo alguno a las dos últimas empresas. Rechazó que la red se encargara de unos trabajos para cambiar la imagen corporativa de Sedesa y de la elaboración de lonas y carteles de Lubasa. “No recuerdo que se hicieran esos trabajos”, admitió la extrabajadora de Orange Market. Insistió en que, de haber realizado el servicio, hubiera quedado constancia en el sistema informático de las oficinas de la firma de Álvaro Pérez, El Bigotes. “No abrí ninguna carpeta en el ordenador al respecto”, dijo.
Jordán declaró por videoconferencia junto con la administradora de Orange Market, Mónica Magariños. Las dos imputadas se mostraron esquivas en su comparecencia ante el juez José Ceres en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ), que investiga la adjudicación de decenas de contratos a la red durante el mandato de Francisco Camps.
Entre los 175 imputados del caso Gürtel figuran los responsables de las constructoras nombradas por Jordán: el representante de Cyes Felipe Almenar, y el propietario de Sedesa y sobrino del presidente de las Cortes, Vicente Cotino.
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