Bormujos sigue enredada en Gürtel

A todos los que asistieron al pleno municipal que se celebró en el Ayuntamiento de Bormujos (Sevilla) el 5 de enero de 2005 les extrañó que un señor al que nadie conocía en el pueblo dirigiera la sesión. Dicen que se movía arriba y abajo de la sala, controlaba los tiempos de los turnos de palabra, daba instrucciones a la mesa de edad... Era, según aseguran varios ediles que asistieron a ese pleno, Tomás Martín Morales, ex consejero de la empresa municipal del suelo de Boadilla del Monte (Madrid) y que está imputado por el juez Pablo Ruz en la trama Gürtel. Por aquel entonces, no se conocía su vinculación con la red de corrupción encabezada por Francisco Correa, pero desde hacía semanas se movían por Bormujos unos hombres que decían venir de Madrid y nadie entendió por qué uno de ellos llevó las riendas del pleno en el que se aprobó una moción de censura que desbancó de la alcaldía al PSOE.

A Juan Antonio Iglesias, el alcalde socialista despojado del cargo ese día, la presencia de Martín Morales como director de orquesta sirvió le confirmó que tras aquella moción de censura no había solo una operación política. “Eso de que vinieran unos de Madrid a auspiciar una moción no dejaba lugar a dudas. Siempre he dicho, y hoy lo ratifico, que aquello fue una trama económica y urbánística en la que se compraron voluntades”, afirma Iglesias.

La moción llegó a los tribunales tras la denuncia presentada por dos ediles del grupo independiente AIB-La Paloma. Uno de ellos aseguró que un empresario local, Eusebio Gaviño, les había ofrecido 840.000 euros a cambio de su voto para quitar la alcaldía al PSOE y devolvérsela a Baldomero Gaviño, primo segundo del empresario y que había sido regidor desde 1991 a 2003. Ellos no aceptaron, pero otro de sus compañeros sí cambió de bando y propició que saliera la moción. El Juzgado de Instrucción 2 investigó el caso y lo archivó en 2006 por falta de pruebas, pero acaba de reabrirlo porque el fiscal le ha hecho llegar unas grabaciones en las que la actual alcaldesa, Ana Hermoso (PP), supuestamente admite que recibió un bolso de Loewe por apoyar el cambio de alcalde.

¿Qué interés tenían aquellos “hombres de Madrid” en desbancar al PSOE y devolver el poder a Gaviño? Para responder a esta pregunta hay que situarse en pleno boom inmobiliario, hace diez años, en la cornisa del Aljarafe sevillano. Juan Antonio Iglesias llegó a la alcaldía tras las elecciones de 2003 y propuso una moratoria en el planeamiento urbanístico diseñado por el equipo de Gaviño. “Convertía en urbanizable todo el suelo de Bormujos. Planteaba un crecimiento para duplicar la población”, recuerda Iglesias. Su gobierno preparó un nuevo PGOU, pero a los pocos días de presentarlo, se presentó la moción.

La grabación que ha servido de prueba para reabrir el caso se la entregó al fiscal Eusebio Gaviño, un empresario que en los años de la burbuja se movía como pez en el agua por las sedes de más de un Ayuntamiento del Aljarafe. La moción de Bormujos coincidió casi en el tiempo con el caso Camas, que estalló también cuando una concejal denunció un intento de soborno. Aquel caso sí llegó a juzgarse y Gaviño fue condenado. Desde entonces, ha caído en desgracia. “Antes pinchaba y cortaba aquí, movía todos los hilos, pero ahora nadie quiere arrimarse a él”, dice un político local.

Ayer todos en Bormujos se hacían una pregunta: ¿Y por qué ha sacado ahora Gaviño las grabaciones? La respuesta la tendrá que dar él cuando, como es previsible, el juez lo llame a declarar, pero todos apuntan a una posible venganza con los empresarios que, supuestamente, promovieron la moción de censura.

La grabación implica, entre otros, a Máximo González Jurado, presidente del presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Enfermería y cuyo nombre también figura en el sumario de Gurtel. El 7 de marzo de 2013, González Jurado firmó ante un notario de Madrid un acta de manifestaciones en el que asegura que Eusebio Gaviño le ha amenazado con difundir unas grabaciones que le implican en el caso Bormujos si no le paga una supuesta deuda de 130.000 euros. El presidente de los enfermeros niega deber dinero al empresario, pero afirma haber descartado denunciarlo “porque supondría comenzar unos procesos largos”. Firma el acta porque, dice, quiere dejar constancia por si Gaviño cumple su amenaza. Y la cumplió.