La huelga de los ‘Donuts’, al banquillo

La plantilla acusa a Panrico de violar el convenio vigente La juez aguardará el fin de la mediación de la Generalitat para fallar sobre la legalidad del paro

Trabajadores de Panrico, ante los juzgados de Sabadell.
Trabajadores de Panrico, ante los juzgados de Sabadell.T. garriga (EFE)

El ERE firmado por la dirección de Panrico y buena parte de los representantes de los trabajadores en noviembre pasado --y que supuso 745 despidos y una rebaja salarial--, modifica un pacto anterior: las condiciones del convenio vigente en la fábrica de Santa Perpètua de Mogoda. Las modifica porque el acuerdo del convenio ya supuso despidos y una rebaja salarial, pero se firmó a cambio, precisamente, del compromiso de la empresa de no despedir ni tocar sueldos durante su vigencia. Este es el principal argumento que esgrimió ayer la defensa de los miembros del comité de Empresa, a quienes Panrico pide cinco millones de euros por daños y perjuicios en la demanda que persigue que la huelga indefinida iniciada en octubre sea declarada ilegal.

La vista por la demanda presentada por la dirección de Panrico se celebró ayer en el juzgado número 3 de lo Social de Sabadell. La defensa también subrayó que ninguno de los representantes de Santa Perpètua firmó el ERE, que sí firmaron los de las plantas donde no se ha despedido a nadie y donde el expediente no entra en conflicto con ningún pacto previo. Y recordó que la inspección de Trabajo consideró que Panrico vulnera el derecho de huelga porque la firma está distribuyendo en Cataluña Donuts y Bollycaos fabricados en otras fábricas.

La dirección tacha de ilegal la huelga y exige cinco millones de euros al comité

La dirección de Panrico, representada solo a través de su abogado, apoyó la presunta ilegalidad de la huelga en el hecho de que su motivo se ha modificado hasta en tres ocasiones (primero fue contra el impago de nóminas; luego contra el anuncio del ERE, y finalmente contra los despidos acordados). Una modificación que se ha comunicado sucesivamente sin desconvocar la huelga por el motivo anterior. El letrado de la dirección también acusó a los huelguistas de "negar el derecho fundamental al trabajo de quien lo quiere ejercer", y cuantificó a quienes quieren trabajar en entre 100 y 110 empleados. De hecho, la mayoría de estos empleados son de administración y están trabajando o desde sus casas o en las oficinas de Esplugues de Llobregat. Sobre la indemnización por daños, el abogado no desglosó en qué consisten ni cuánto han costado ni quién los ha causado, tal y como respondió la defensa. De hecho, confundió la petición de indemnización por los supuestos daños con el hecho de que la huelga sea, como asegura, ilegal.

Los miembros del Comité de Empresa (10 de CC OO y dos de UGT), que la mayoría lo son también del Comité de Huelga, salieron satisfechos y optimistas de la vista. El presidente del Comité, Ginés Salmerón, celebró "que la empresa no haya acreditado que la huelga sea ilegal ni haya detallado los daños". "Al abogado le han faltado argumentos", dijo. En la misma línea, el letrado de los huelguistas, Fernando Jiménez, consideró que "la empresa no ha podido demostrar ninguno de los argumentos sobre la ilegalidad" y recordó que "la responsabilidad de la empresa es probarlo".

Al final de la vista, la juez anunció que esperará a emitir su fallo a que finalice la mediación que la Generalitat inició el miércoles y está previsto que se cierre el próximo lunes. La propuesta de Relaciones Laborales pasa porque los trabajadores desconvoquen la huelga, la empresa retire la demanda y se ponga sobre la mesa un ERE temporal mientras se limpia y se pone la maquinaria a punto para volver al trabajo. Por ahora, la respuesta de los trabajadores, que ayer por la tarde celebraron una asamblea, es que solo abandonarán la huelga si se cumplen tres condiciones: readmisión de los despedidos, salidas voluntarias y que no se rebajen los salarios.

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Sobre la firma

Clara Blanchar

Centrada en la información sobre Barcelona, la política municipal, la ciudad y sus conflictos son su materia prima. Especializada en temas de urbanismo, movilidad, movimientos sociales y vivienda, ha trabajado en las secciones de economía, política y deportes. Es licenciada por la Universidad Autónoma de Barcelona y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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