Ortiz conocía el plan general de Alicante antes de hacerse público

El Ayuntamiento de Alicante y el promotor inmobiliario que, según diversas fuentes, controla el 70% del suelo urbanizable de la ciudad, el constructor Enrique Ortiz, compartieron información durante la recta final de la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que la justicia investiga desde hace más de tres años. Esta, que es la tesis principal del fiscal del caso Brugal —presunto amaño del urbanismo para beneficiar a Ortiz de un pelotazo de 120 millones de euros— adquirió ayer una nueva derivada.

Un técnico de la firma de Ortiz Grupo Cívica conoció antes de la publicación del PGOU las intenciones del Consistorio de incluir en el documento bajo sospecha un proyecto del controvertido promotor: aprovechar la remodelación del estadio del Hércules Rico Pérez para construir una torre con un hotel, oficinas y una zona comercial de 30.000 metros cuadrados. Así lo deslizó este miércoles Miguel Carratalá, administrador de Aligestión, una sociedad controlada por Ortiz propietaria de los terrenos del estadio donde debía levantarse el complejo.

Carratalá, que declaró como testigo en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJ) ante el instructor del caso Brugal, Juan Climent, explicó que el técnico de Grupo Cívica Javier Llorens le transmitió que “en el Ayuntamiento de Alicante decían que el asunto del Rico Pérez era mejor tramitarlo en el PGOU”. Y no bajo la fórmula de un Plan de Reforma Interior (PRI). Tecnicismo al margen, la confesión revelaría que un trabajador de Ortiz disponía de información sobre el PGOU antes de su publicación, en octubre de 2008. El contrato del texto de la discordia, que aterrizó en el Ayuntamiento tres meses antes de su exposición pública, incluía una cláusula de confidencialidad.

Ante las preguntas del abogado de Esquerra Unida, José Luis Romero, que ejerce junto al PSPV la acusación popular, Carratalá dijo que “Aligestión y Cívica se consideraban firmas de Ortiz en el Ayuntamiento de Alicante”. Una tesis de la que se desmarcó en su declaración ante el juez Climent el presidente del Hércules en 2008, Valentín Botella. Él diferenció entre Aligestión, propietaria del suelo, y la sociedad deportiva del club.

Un trabajador del constructor confirma al juez la filtración de datos

El abogado de EU precisó la necesidad de respetar la higiene en la tramitación de un documento donde está en juego el futuro urbanístico de la ciudad. “La participación pública en un PGOU tiene que ser a partir de su exposición. Nunca antes”.

La sombra de la filtración de datos del plan del Rico Pérez es una de las claves del caso Brugal. En una conversación interceptada por la policía durante la tramitación del PGOU, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, indicó a Ortiz: “Te hemos apañado también lo que hay en el APA 9, Lomas del Garbinet, y también lo del Rico Pérez”. Además, el redactor del PGOU investigado, Jesús Quesada, mantuvo reuniones previas con técnicos municipales con el constructor sobre la recalificación del estadio.

El plan del Rico Pérez se frustró por la presión de las asociaciones vecinales y la polémica de Brugal. Quedó entonces al descubierto la amistad entre Castedo y el constructor.

Entretanto, en el entorno de Castedo se quejan de la “tardanza de la instrucción” que desarrolla el TSJ desde septiembre de 2012. Y lamentan que la dirigente “arrastre la sospecha desde 2008” por supuestas maniobras para beneficiar a Ortiz de un multimillonario pelotazo urbanístico.

Castedo está imputada por cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada. El juez Climent reiteró en un auto conocido ayer su negativa a archivar la causa contra Castedo y a anular los pinchazos policiales del sumario de Brugal. Una circunstancia que acerca a la alcaldesa a “un juicio oral”, según una fuente próxima a la investigación.