Osácar, el ‘patriota honesto’

Airado y solemne, Daniel Osácar compareció en el Parlamento catalán el 5 de julio de 2010 en el marco de la comisión que investigaba el escándalo de la presunta financiación ilegal de Convergència Democràtia de Catalunya (CDC) a través del Palau de la Música. Osácar quiso iniciar su intervención con un repaso a su trayectoria vital que pivotó sobre tres ejes: honestidad, compromiso con Cataluña y “entrega a las entidades de la sociedad civil sin afán de lucro vinculadas al país”.

Censor de cuentas por oposición, nacido en Barcelona en 1935, Osácar destacó sus años como profesor en la Escuela de Mandos Intermedios (EMI) en los que se esforzó en dar formación “técnica y humanista” en un tiempo de “grandes dificultades por el régimen franquista”. Detalló cómo, tras salir del trabajo a las siete de la tarde, se entregaba a la EMI hasta las 10 de la noche “en centros de barrios como El Clot, Gràcia y Cornellà de Llobregat”, este último en realidad un municipio vecino de Barcelona. “La remuneración simbólica que recibía la dedicaba a comprar libros, que cedía a los alumnos que más lo necesitaban”, apostilló. “Muchos fines de semana los dedicábamos a la formación del profesorado. [Esto] quiere decir tiempo y horas negados a la familia”, siguió.

 Mirando con aplomo a los diputados de la comisión, Osácar recordó sus vínculos con la Iglesia: “Con mi mujer, formé parte del primer consejo pastoral de la comunidad cristiana de los Capuchinos de Pompeia”. También quiso destacar su participación en “asociaciones de vecinos” y su papel como “presidente del AMPA del colegio Thau, en momentos difíciles en los que era necesario defender firmemente la escuela catalana”.

Pero fue tras repasar su amor por la música, lo que le llevó a tener sus primeros contactos con el Palau de la Música, cuando Osácar mostró su rostro más crispado. Se mostró exasperado por las informaciones publicadas en la que se le imputaba haber recibido entre 2003 y 2009 millones de euros en mordidas por las multimillonarias adjudicaciones recibidas por Ferrovial en último Gobierno de Jordi Pujol, entre ellas la Ciudad de la Justicia y la Línea 9 del metro. “Me siento ultrajado, vejado y difamado públicamente”, exclamó. Osácar se mostró especialmente dolido porque TV-3 hubiera recogido tales informaciones en su informativo vespertino, el de máxima audiencia. “Y he de decir”, concluyó, “que en política no vale todo. Y que por encima de la política están las personas, su dignidad, y ustedes han cuestionado la mía sin pensar en mí, en mis hijos, en mi familia ni en mis amigos”.

 La familia convergente arropó desde el primer momento a Osácar. A su llegada a la comisión de investigación, Osácar estuvo acompañado en todo momento por núcleo duro de CDC. Acudieron el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs; el secretario general del partido, Oriol Pujol --hoy imputado por tráfico de influencias en el caso ITV, la concesión irregular de estaciones del sector--- y el portavoz del Grupo Parlamentario de CiU en el Parlamento catalán, Jordi Turull. Este era gerente del Ayuntamiento de Sant Cugat cuando Ferrovial logró en este municipio la construcción de un polideportivo, otra de las obras sobre las que el fiscal Emilio Sánchez Ulled y el juez Josep Maria Pijuan han puesto el foco por el posible pago de comisiones ilegales en beneficio de CDC.

 En el interior de la comisión, el portavoz de CiU, Jordi Turull, inició su declaración afirmando: “Yo le tengo que decir que lo que han hecho con usted es una de las experiencias más desagradables y feas que he conocido en política”.

 La escenificación del apoyo a Osácar por el partido fue más allá. Nueve meses más tarde, el 15 de abril de 2011, cuando el extesorero de CDC compareció ante el juez como imputado por el presunto cobro de comisiones ilegales, volvió a estar arropado por Pujol y Turull, quienes calificaron a Osácar de “amigo y compañero”. Ese día Osàcar insistió ante el juez que su papel en la política catalana ha sido siempre el de un “patriota” y “hombre honrado”. Tampoco el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ha escatimado elogios hacia Osàcar: “Es una de las mejores personas que he conocido”, afirmó en pleno escándalo del Palau.

 La militancia de Osàcar en CDC se remonta a 1982 en la agrupación del acomodado distrito barcelonés de Sarrià-Sant Gervasi, de la que llegó a ser presidente. En 2000 escaló en el partido gracias al entonces secretario general, Pere Esteve. Varias fuentes le sitúan ya entonces muy cerca del presidente de la Generalitat, Artur Mas, del que fue secretario personal. En los años siguientes, Osàcar fue ganando peso en la estructura financiera de la formación nacionalista hasta que en 2005, tras la muerte del entonces tesorero, Carles Torrent, le sustituyó en el cargo. A este puesto sumó el de administrador de la fundación del partido, la Trias Fargas (hoy CatDem), una de las tres vías por las que el juez Pijuan considera que se traspasaron 6,6 millones en comisiones ilegales de Ferrovial a CDC a través del Palau de la Música. La instrucción del caso, cerrada el pasado octubre, considera probado que otra vía de hacer llegar el dinero de la constructora al partido eran los pagos directos a Torrent y Osàcar, en total 3,7 millones de euros.

La familia convergente arropó desde el primer momento a Osácar, que estuvo acompañado en todo momento por núcleo duro de CDC

Pero medida que el cerco judicial se estrechaba sobre Osàcar, Artur Mas buscó la forma de distanciarse del extresorero del CDC. En verano del pasado año, lanzó un par de mensajes que pueden entenderse como un intento de levantar un cortafuegos entre los actos penalmente punibles que se puedan imputar a Osàcar y su figura. Mas afirmó que se fía del extesorero cuando este niega cualquier irregularidad. Pero a continuación señaló, por primera vez, que él “no estaba al corriente de las finanzas de Convergència” y que “el señor Osàcar tenía todos los poderes”. “Tenía tanto poder que hasta podía vender patrimonio sin consultarnos”, añadió.

 El cambio de discurso de Mas adquirió sentido el pasado octubre, con el final de la instrucción del caso. El fiscal solicita para Osàcar una pena de 7,5 años de cárcel y una multa de 20 millones de euros por los delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. La investigación del caso, pese a considerar probado la existencia de un pacto “criminal” y una “trama delictiva” para la “financiación ilegal” de CDC, no ha podido probar la participación en ella de más cargos del partido. De momento, además de Osàcar, el único acusado es Jaume Camps, quien fue “destacado militante y parlamentario” y que hoy ocupa un cargo en el Ayuntamiento de Barcelona de Xavier Trias. El fiscal pide para Camps un año y medio de cárcel y 10 millones de euros de multa.

 Pero el fiscal considera que los dos acusados “debieron contar como mínimo con el asentimiento de altos responsables de CDC”. El silencio mantenido hasta la fecha por Osácar puede entenderse como su último servicio a una causa de la que gustan presumir destacados políticos de la generación del expresidente Jordi Pujol, quienes no dudan en alardear de haber prestado “múltiples servicios a Cataluña”.